El Congreso deja en suspenso la ley para suprimir el voto rogado, que lleva más de un año congelada

Las duda expresadas por expertos sobre el encaje de la propuesta de PSOE y Unidas Podemos han hecho encallar su tramitación

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Un elector deposita su voto en el senado. EP
Un elector deposita su voto en el senado. EP

El Congreso mantiene en el aire la ley promovida por el PSOE y Unidas Podemos para derogar el voto rogado que desde 2011 se exige a los españoles residentes en el exterior, una iniciativa que el Pleno acordó tramitar hace poco más de un año y que está aún a la espera de que los grupos presenten sus enmiendas parciales.

Los dos socios en el Gobierno registraron esta iniciativa en febrero de 2021 y fue tomada en consideración tan sólo dos semanas después con el apoyo, entre otros del PP. Sin embargo, la propuesta estuvo congelada varios meses debido a las sucesivas prórrogas de los plazos de presentación de enmiendas.

DESFILE DE EXPERTOS

Fue en noviembre cuando los socialistas y el grupo confederal plantearon que, antes de iniciar este trámite, desfilaran por la subcomisión electoral creada en el seno de la Comisión Constitucional un reducido grupo de expertos para que arrojasen luz a los grupos parlamentarios sobre el ruego del voto.

Tras escuchar su opinión, la idea era acelerar la tramitación de la ley con el inicio del nuevo periodo de sesiones, con la voluntad de que pudiera estar lista antes de primavera, teniendo en cuenta que para entonces se esperaba la convocatoria de las elecciones autonómicas en Andalucía.

En concreto, con estas comparecencias a puerta cerrada perseguían conocer de primera mano las deficiencias del sistema del voto rogado o los problemas que se registran en la Administración y escuchar posibles soluciones para que el procedimiento sea garantista y facilite la participación en los procesos electorales de los nacionales en el extranjero.

Durante diciembre y principios de enero, a la subcomisión acudieron cargos de los ministerios del Interior y Asuntos Exteriores; el presidente de la Junta Electoral Central (JEC), Miguel Colmenero; el director de la Oficina del Censo Electoral, Juan Manuel Rodríguez Poo, así como representantes de la Marea Granate y de la Federación Internacional de Entidades Catalanas y profesores universitarios expertos en Sociología y Derechos Constitucionales.

El último en pisar la subcomisión fue el presidente de la JEC el pasado 13 de enero y desde entonces no se ha habido avances, ni se ha puesto fin al plazo de presentación de enmiendas parciales a la ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, ni se ha convocado la ponencia para comenzar la discusión del articulado.

LAS PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS DEL GOBIERNO

Fuentes parlamentarias confirmaron a Europa Press que algunos de los comparecientes que desfilaron por la citada subcomisión electoral pusieron el acento en algunas deficiencias que percibían en las fórmulas que los socios en el Gobierno plantean en su reforma legislativa.

Está por ver si eso llevará a los socialistas y al grupo confederal a introducir cambios en su texto en forma de enmienda o a aceptar las propuestas que le hagan otras fuerzas políticas para mejorarlo, o quizá la dejen 'hibernando', como ocurre con multitud de proposiciones de ley en el Congreso.

En su iniciativa, PSOE y Unidas Podemos plantean como alternativas al voto rogado la descarga telemática de la papeleta, lo que permitirá adelantar los plazos de envío de la documentación electoral, facilitando así también su recepción en plazo.

También pautan ampliar de tres a siete días los plazos para el depósito del voto en urna y mantienen la posibilidad de enviar el voto por correo postal a la Oficina Consular correspondiente en caso de que el elector no pueda acudir a votar en la dependencia habilitada.

Otra de las medidas pasa por incrementar el plazo para la apertura de los votos emitidos desde el extranjero de tres a cinco días, retrasando en el mismo intervalo el plazo del escrutinio general.

HAY TRABAJOS PRECEDENTES

El Congreso ya abrió en mayo de 2017 una subcomisión que se encargaría de estudiar posibles cambios en la Ley Electoral y la supresión del voto rogado fue de uno de los asuntos que más consenso suscitó de entrada entre los grupos. Meses después, la subcomisión llamó a varios expertos en el voto exterior para ilustrar a sus señorías sobre las posibles alternativas al voto rogado.

Con Pedro Sánchez en La Moncloa, el trabajo de la subcomisión se aceleró y el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, llegó a remitir al Congreso un informe con algunas de las ideas planteadas en este sentido por los grupos. Sin embargo, la falta de garantías que el PP vio en las 'recetas' de Borrell llevó a PSOE y Unidas Podemos a registrar una proposición de ley con el grueso de las mismas, pero el adelanto de las elecciones de abril de 2019 frustró que ésta fructificara.

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