La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha conseguido una nueva sentencia judicial que reconoce el permiso parental retribuido para el cuidado de hijos menores de 8 años, y vuelve a instar al Gobierno de España a regular de forma definitiva este derecho recogido en la Directiva europea 2019/1158. La resolución, emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cuenca, beneficia a un facultativo del Hospital Virgen de la Luz, a quien se le había denegado la concesión de este permiso por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).
El fallo considera que la directiva europea tiene primacía sobre la normativa nacional y que, aunque España no haya desarrollado aún un marco reglamentario claro, las administraciones no pueden negarse a aplicar este derecho. La sentencia establece que el permiso debe ser retribuido durante dos semanas y concede otras dos como indemnización por daños y perjuicios.
CSIF destaca que esta decisión refuerza la obligación del Gobierno central de cumplir con la normativa europea, que prevé hasta 8 semanas de permiso parental retribuido. Lamenta, además, que sea la Justicia la que esté avanzando en esta materia, mientras el Ejecutivo mantiene una regulación parcial e incompleta, y advierte que España se enfrenta a una posible multa europea por este incumplimiento.
Desde el sindicato se recuerda que ya se han obtenido otras sentencias similares, como la primera firme en todo el país en enero de este año, también en Cuenca, y otra anterior en diciembre para un empleado del Ayuntamiento de Barcelona.
Asimismo, CSIF denuncia que las últimas propuestas del Gobierno —que plantean una retribución parcial del permiso y únicamente para empleados públicos— contradicen tanto la legislación europea como el mandato aprobado por el Congreso en marzo, que instaba a aplicar el permiso retribuido en el plazo de un mes.
“Este derecho debe garantizar el mantenimiento de un nivel de vida digno, tal y como señala expresamente la sentencia”, subrayan desde el sindicato, que reafirma su compromiso en seguir defendiendo judicialmente este derecho hasta que se regule para todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado.
