El Gobierno se prepara para los escenarios más preocupantes y ultima una ley para controlar no solo las calles sino también las comunicaciones ante problemas de orden público. Así, el Estado podrá asumir la gestión directa o intervenir las redes y servicios de comunicaciones electrónicas con carácter excepcional y transitorio si hay riesgo para el orden público, la seguridad pública o a la seguridad nacional. De esta forma, podrá intervenir servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram para difundir mensajes en situaciones de emergencia, según informa el diario La Razón.
El anteproyecto de la nueva Ley general de Telecomunicaciones, que estará en audiencia pública hasta el 13 de octubre y que constituye una de las principales medidas de la Agenda España Digital 2025 presentada por el Ejecutivo el pasado mes de julio, contempla este escenario para los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales cuando tengan asignada la obligación de transmitir alertas públicas en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso.
El Gobierno ha explicado que para estos casos excepcionales se podrá asumir la gestión directa o la intervención de cualquier infraestructura, recurso o elemento de la red o del servicio que resulte necesario para preservar el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. En el caso de incumplimiento de estas obligaciones de servicio público, el Gobierno podrá acordar que la Administración General del Estado asuma la gestión directa o intervenga los correspondientes servicios o la explotación de las redes. Todo ello, igualmente con carácter excepcional y transitorio, según se recalca en el anteproyecto.
Para ello será necesario previamente un informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Estas decisiones las podrá adoptar el Gobierno por propia iniciativa o a instancia de una administración pública competente. En este último caso, será preciso que la administración pública tenga competencias en materia de seguridad o para la prestación de los servicios públicos afectados por el “anormal” funcionamiento del servicio o de la red de comunicaciones electrónicas.
Por su parte, las redes, servicios, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que desarrollen actividades esenciales para la defensa nacional se reservan al Estado y se rigen por su normativa específica. De hecho, los ministerios de Defensa y de Asuntos Económicos y Transformación Digital coordinarán la planificación del sistema de telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas, a fin de asegurar su compatibilidad con los servicios civiles.
Por lo que respecta al uso de las telecomunicaciones, en los ámbitos del orden público, la seguridad pública, la seguridad vial o la protección civil, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital cooperará con el de Interior y con los órganos responsables de las comunidades autónomas con competencias en la materia. El anteproyecto también regula el servicio de comunicaciones de emergencias sobre el que se apoya el número 112. Así, se contempla la posibilidad de usar los datos de localización del que realiza la llamada, así como la posibilidad de implementar un sistema de alertas públicas.
Además de regular el sector de las telecomunicaciones, uno de los objetivos de esta ley es el de trasponer la directiva de la UE del Código de las Comunicaciones Electrónicas, para lo que había de plazo hasta este 31 de diciembre. El Gobierno prevé que este anteproyecto pueda entrar en el parlamento a comienzos de 2021 y que la ley esté aprobada a finales del segundo trimestre de 2021 o a principios del tercero.
