La Iglesia española crea una oficina contra los delitos de odio religiosos y prepara un plan integral frente a la pornografía

La Conferencia Episcopal da nuevos pasos para proteger la libertad religiosa y abordar los efectos sociales de la pornografía, especialmente entre jóvenes

El secretario general de la CEE, Francisco César García Magán. - Europa Press
El secretario general de la CEE, Francisco César García Magán. - Europa Press

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha aprobado la creación de una Oficina de recepción de denuncias de delitos de odio y ofensas por motivos religiosos. La medida, anunciada por el secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, tras la reunión de la Comisión Permanente celebrada los días 17 y 18 de junio, busca reforzar la defensa de la libertad religiosa y promover la sensibilización ante la vulneración de este derecho fundamental.

La oficina estará coordinada por la Vicesecretaría para Asuntos Generales y la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso. Entre sus funciones destacan la elaboración de un informe anual, el acompañamiento a las diócesis y el diálogo con otras confesiones y organismos nacionales e internacionales. La iniciativa responde, según explicó García Magán, al contexto legislativo actual, que ha modificado la tipificación de ciertos delitos contra los sentimientos religiosos.

En paralelo, la Iglesia trabaja en un plan nacional contra la pornografía, que considera un fenómeno preocupante por sus efectos en la visión de las relaciones humanas y la dignidad de la persona, especialmente entre los jóvenes. El plan se encuentra en fase de elaboración, con la participación de varias comisiones episcopales y expertos, y será presentado en la Asamblea Plenaria de noviembre.

El plan se articulará en torno a tres ejes: concienciar, prevenir y acompañar, con una especial atención al ámbito educativo, pastoral y familiar.

Además, la CEE reiteró su respaldo a la regularización extraordinaria de migrantes y pidió consenso político para avanzar en su tramitación parlamentaria.

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