Jueces y fiscales cifran en un 75% el seguimiento de su primera jornada de huelga contra las reformas del Gobierno

Las principales asociaciones de jueces y fiscales de España han anunciado un seguimiento del 75% en la primera jornada de su huelga de tres días, que se extenderá hasta el 3 de julio. La protesta se dirige contra las reformas anunciadas por el Gobierno en el acceso a ambas carreras y la estructura de la Fiscalía, que, según los convocantes, "suponen un ataque al Estado de Derecho".

En una rueda de prensa conjunta, portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) expresaron su "satisfacción" por el éxito de la convocatoria. No se han sumado a la huelga las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ni la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

La presidenta de la APM, María Jesús del Barco, explicó que el dato se basa en la comunicación voluntaria de los participantes a una cuenta de correo habilitada. Por su parte, Cristina Dexeus, presidenta de la AF, estimó que el 75% representa a unos mil fiscales del total de 2.500.

Es importante destacar que, ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ofrecerán cifras oficiales, ya que no reconocen la convocatoria de huelga. El Ministerio de Justicia, sin embargo, ha solicitado un recuento para poder descontar el salario a los huelguistas, una medida que los portavoces han calificado de "normal".

"Nos obligan a hacer huelga"

Los representantes de jueces y fiscales han lamentado tener que llegar a esta situación. "Nunca quisimos llegar hasta aquí, pero nos hemos visto forzados a ello", afirmó Cristina Dexeus. Sergio Oliva, de la AJFV, pidió "perdón" a los ciudadanos por los perjuicios que pueda causar la huelga, pero enfatizó que no les gusta tomar estas medidas.

El portavoz de la AJFV, Sergio Oliva, se mostró "verdaderamente sorprendido" por la falta de contacto por parte del Ministerio de Justicia para evitar la huelga, a pesar de sus intentos de buscar una mesa de negociación. Aseguró que tienen "mucho que aportar" y que no son una "conspiración que va contra el Gobierno", sino que buscan "lo mejor para la ciudadanía". También criticó la tramitación parlamentaria "urgente" de las reformas, que reduce el margen para cambios.

Huelga en defensa del poder judicial

Los convocantes han negado rotundamente que la huelga tenga motivaciones políticas, consciente de que "sería ilegal". Han insistido en que las razones son de índole profesional y en defensa de la independencia judicial.

Entre las preocupaciones mencionadas, se encuentran:

• La asignación "ficticia" de cinco años de antigüedad a quienes accedan por el llamado "cuarto turno", lo que les permitiría acceder a la cúpula judicial y perjudicaría a los opositores.
• La inclusión de cuatro miembros de designación parlamentaria en la Comisión de Ética Judicial, un órgano independiente, lo que, según María Jesús del Barco, es "gravísimo" y busca "politizar" la comisión.
• El "cercenamiento" de la capacidad de elección de las salas de gobierno de los tribunales, considerada la "democracia interna" de los jueces.
• La reforma del Consejo Fiscal, que lo priva de facultades ejecutivas, la falta de mecanismos para canalizar las "discrepancias con las órdenes recibidas" y el control "prácticamente absolutista" del Fiscal General del Estado sobre el régimen sancionador, de incompatibilidades y la promoción de los fiscales.
• La preocupación por la falta de independencia de la Fiscalía en un contexto de traspaso de las investigaciones penales desde los jueces, advirtiendo que una "Fiscalía que pueda estar en algún momento dominada por el Gobierno... no es una Fiscalía que convenga a ninguno de los ciudadanos".

Fernando Portillo, del FJI, ha sentenciado que la huelga no busca interferir en otros poderes del Estado, sino "defender el Poder Judicial". Los convocantes consideran que se trata de una "obligación ética" para defender el Estado de Derecho, ante lo que ven como un punto de no retorno. Salvador Viada (APIF) ha señalado que este "grito de auxilio" se produce en un "contexto de casos de corrupción que afectan al entorno familiar del presidente del Gobierno y al partido del Gobierno".

Tras la conclusión de estas tres jornadas de huelga, las cinco asociaciones valorarán los próximos pasos a seguir, descartando, a título personal, la huelga indefinida por el momento.