El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Barcelona ha condenado a la Universitat de Barcelona (UB) por vulnerar los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de sus profesores y alumnos, así como el derecho a la educación de estos últimos. Considera que el centro cometió estas faltas al aprobar un manifiesto critico con las sentencias de los presos del procés, según informa el diario El Español.
Entre otras reflexiones, la juez avisa de que sin la neutralidad exigida al centro universitario. "Se incurre en una indeseable confusión de funciones administrativas y políticas, que implica el menoscabo de la igualdad y el pluralismo de las ideas y creencias", indica en su resolución.
La sentencia considera que la UB ha infringido su deber de neutralidad y acepta íntegramente el recurso presentado por cuatro profesores del colectivo Universitaris per la Convivència y un alumno, contra el Manifiesto conjunto de las universidades catalanas de rechazo de las condenas de los presos políticos catalanes y de la judicialización de la política, aprobado por el Claustro de la UB el 21 de octubre de 2019. Este documento de corte independentista calificaba de injusta a la sentencia y “exigía [sic] la inmediata puesta en libertad de las personas injustamente condenadas, el sobreseimiento de todos los procesos en curso relacionados y el retorno de las personas exiliadas”.
Asimismo, rechazaba “la represión y la violencia policial” en Cataluña y denunciaba que “los poderes del Estado han forzado el ordenamiento jurídico con la aplicación abusiva y punitiva de la prisión preventiva y la condena por sedición”, incurriendo así en una “deriva autoritaria” que “criminaliza la disidencia”.
El juzgado declara la nulidad de pleno derecho del acto de aprobación del manifiesto, y obliga a la universidad a publicar la sentencia en su página web durante un mes. Los demandantes son el catedrático de Filosofía del Derecho Ricardo García Manrique, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario José Andrés Rozas, la profesora de Derecho Civil Chantal Moll de Alba, el catedrático de Ciencia Política Rafael Martínez y el estudiante de Relaciones Laborales Daniel Tolosana.
Antes de la celebración del Claustro, uno de los claustrales, Ricardo García, había solicitado a la Mesa la anulación de la convocatoria por entender que la aprobación del manifiesto excedía el ámbito competencial de este órgano directivo y vulneraba la libertad ideológica y de expresión de todos los miembros de la universidad (profesores, alumnos y personal administrativo y de servicios). Advirtió que atribuía a esta en su conjunto una opinión política determinada, ofreciendo una imagen de unidad que no se corresponde con la pluralidad realmente existente y que puede condicionar el libre desarrollo de las ideas de cada uno. El Claustro desestimó la petición del profesor claustral y procedió a la discusión y votación del manifiesto, que se aprobó por amplia mayoría de los presentes.
La sentencia recuerda que la UB no es una institución de representación política y que, en tanto que institución pública, está sometida al deber de neutralidad. Este deber implica que “la universidad no puede asumir como propia una posición política determinada, y tanto menos cuando esa posición es manifiestamente contraria a los valores y principios del ordenamiento jurídico vigente”.
Además, invoca la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual las instituciones públicas no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión, que es un derecho de las personas. “Por ello, el referido Manifiesto no puede tener cobertura en la libertad ideológica y de expresión”, tal como alegaba la Universidad.
La sentencia establece que la exigencia de neutralidad es precisamente la condición de ejercicio de tales libertades por sus genuinos titulares, que no son sino los individuos, profesores y alumnos en este caso. Sin tal neutralidad, se incurre en una indeseable confusión de funciones administrativas y políticas, que implica el menoscabo de la igualdad y el pluralismo de las ideas y creencias. La neutralidad, señala la sentencia, “es, por tanto, un medio orientado a la defensa y promoción de la libertad ideológica, en particular, y de los demás derechos y libertades públicas, en general”.
El derecho a la educación también resulta vulnerado, por cuanto la defensa por parte del Claustro de actos declarados inconstitucionales y perseguidos por la jurisdicción penal no solo infringe el deber de neutralidad ideológica, sino que “dificulta el desarrollo integral de alumnos y profesores que la ley deja en manos de la Universidad”. Esto es así porque se promueven valores y concepciones ideológicas que son contrarias a los ideales que inspiran la Constitución vigente, como son el imperio de la ley, la separación de poderes y la igualdad política de todos los ciudadanos.
Esta sentencia se une a otras precedentes de diversos órganos jurisdiccionales que, en los últimos tiempos, han reafirmado el deber de neutralidad de las instituciones públicas. Las que han censurando su uso partidista, sean gobiernos autonómicos, ayuntamientos o colegios profesionales.
Universitaris per la Convivència, colectivo, impulsado en octubre de 2018 con el objetivo de velar por la neutralidad de las universidades catalanas, junto a Foro de Profesores, difundió el 29 de octubre una carta abierta a los rectores catalanes, suscrita en tres días por más de 800 docentes, en la que se recogen los argumentos que inspiran la demanda que ahora recibe amparo judicial. La carta recibió el apoyo explícito del entonces ministro de Universidades, Pedro Duque.
Universitaris per la Convivència considera que esta sentencia “supone un espaldarazo importantísimo a sus reivindicaciones en defensa de una universidad que no ha de pronunciarse en nombre de todos asumiendo por decreto una verdad única, sino que ha de fomentar la creación y mantenimiento de un espacio de libertad intelectual lo más amplio posible. Esto implica crear un ámbito en el que todas las ideas puedan formarse, expresarse y debatirse y en el que se estimule el conocimiento y el espíritu crítico”.
El colectivo remitirá la sentencia a todos los rectores catalanes, reclamándoles “que velen por que, en adelante, no se vuelvan a vulnerar los derechos fundamentales de los diferentes miembros de la comunidad universitaria.
