La aportación viene justificada en la implementación de diversas políticas activas para potenciar el parque público de alquiler social, y para facilitar el acceso a la vivienda para personas con especiales dificultades. Una política anclada en la Ley 9/2010 del Derecho a la Vivienda de Castilla y León, el Decreto 41/2013, de 31 de julio, por el que se regula el Programa de Fomento del Alquiler de la Comunidad de Castilla y León; la firma de diferentes acuerdos en el seno del Consejo del Diálogo Social que han marcado la línea de dicha política orientada hacia el alquiler; el protocolo firmado por las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Federación Regional de Municipios y Provincias, y la aprobación de la Agenda para la Población 2010 ? 2020 en la que se establecieron varias medidas relacionadas con la vivienda y el medio rural.
Dentro de este marco, en 2016 se formalizó un Protocolo entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y SOMACYL para destinar las viviendas de protección pública de su propiedad al alquiler social con opción a compra, con la finalidad de garantizar el acceso a una vivienda digna a las personas con dificultades económicas que lo necesiten en el medio rural.
La cláusula tercera establecía que la Consejería analizaría las consecuencias económico-patrimoniales de las actuaciones objeto del Protocolo y, en su caso, iniciaría los trámites oportunos para conceder una aportación dineraria a SOMACYL, dirigida a financiar actuaciones concretas que puedan derivarse del régimen de colaboración.
La sociedad ha estimado un déficit por la gestión de las 154 viviendas alquiladas hasta el 30 de septiembre de 2019, de 736.679 euros, solicitando la correspondiente aportación. Dicho déficit deviene de la diferencia entre el gasto mensual medio por vivienda, 351 euros, y el ingreso mensual medio por el alquiler, 100 euros, precio máximo según la estipulación segunda del protocolo, por lo que el déficit asciende a 251 ? al mes por vivienda.
El número actual de viviendas incluidas en el Protocolo es de 187.
