Este miércoles se ha celebrado doble sesión de pleno en el Ayuntamiento de Alba de Tormes. El grupo socialista ha convocado un pleno extraordinario para explicar la situación actual del Centro Ocupacional Reina Sofía, de gestión municipal, ante los rumores del cierre del centro por el grupo popular y la “alarma social” transmitida por los usuarios a distintos medios según la oposición.
En palabras de Jesús Blázquez, “el centro no se cerrará mientras haya subvención por lo que no veo alarma social”. El alcalde ha matizado que, en ese caso, se estudiaría la viabilidad por ser un centro dependiente del consistorio. El Ayuntamiento dispone actualmente de una dotación de 6.000 euros para renovar el vehículo de transporte que utilizan los alumnos debido al mal estado del actual.
El Ayuntamiento ha celebrado distintas reuniones para conseguir subvenciones, con el Registro de la Propiedad para cambiar de propietario el piso disponible para los asistentes, hasta ahora de un particular y no de la Administración, o con asociaciones como ASPRODES para estudiar otras alternativas. “Todas ellas consensuadas con padres y tutores, a quien pido involucración”, afirma el alcalde, incluida la petición del uso de los viveros de Salarca por los alumnos.
Concepción Miguélez, portavoz del Partido Popular en Alba de Tormes, ha solicitado al grupo diversas mejoras en el centro. Entre otras, la petición de pisos y edificios, el alquiler de una furgoneta de transporte antes que utilizar el vehículo de Protección Civil, continuar con actividades como gimnasia o huertos ecológicos o aumentar el personal del centro. Ya en el pleno ordinario, han criticado la reducción de horas de uno de los trabajadores del centro.
Consenso en el pleno ordinario
Tras el pleno extraordinario, el pleno ordinario ha estado marcado por el consenso entre grupos. Así, han aprobado el nuevo reglamento de uso interno de la piscina municipal con sanciones administrativas, que se impondrán según la gravedad del hecho, y no solo económicas. El Partido Popular ha mostrado su abstención por ser incompleto y por faltar la hoja de reclamaciones o un protocolo de actuación ante accidentes.
De igual forma han aprobado por unanimidad la elección del Juez de Paz, la compatibilidad del trabajador municipal Juan Carlos Hernández y la delegación del cobro a REGTSA del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Ante esto último, el grupo popular ha solicitado el cobro de todas las demás tasas a la empresa.
El punto más conflictivo ha sido la modificación de la relación de puestos de trabajo en la que el equipo de gobierno ha mejorado las condiciones laborales de todos los empleados, como hizo en su momento con la Policía Local. Miguélez ha criticado que la subida no ha sido igual para todos, alegando que disminuyen puestos y horas de trabajo, al igual que disminuye el complemento específico. Por consiguiente, el grupo ha mostrado su abstención.
