Los ayuntamientos de Salamanca podrán solicitar las ayudas del Plan Integrado de Empleo Local, PLANIEL, de la Junta de Castilla y León para contratar a personas desempleadas desde este jueves 26 de febrero. El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este miércoles la convocatoria de subvenciones del plan para el ejercicio 2026. Esta línea de ayudas de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo tiene como objetivo financiar los costes laborales de la contratación de personas desempleadas para la realización de obras y servicios de interés general y social.
La convocatoria cuenta con un presupuesto inicial de 28 millones de euros lo que permitirá la formalización de aproximadamente 2.400 contratos. No obstante, como en el anterior ejercicio, el presupuesto podrá ampliarse hasta el 100 % en función de las disponibilidades presupuestarias y el número de solicitudes.
La cuantía de la subvención se establece en 11.667 euros por cada puesto de trabajo a jornada completa, por un periodo de 180 días; y el número de contratos subvencionables por entidad estará en función del número de habitantes. Así, en municipios de menos 1.000 habitantes, se financian 2 contratos a jornada completa (o 4 a jornada parcial al 50 %); en municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes, 4 contratos a jornada completa; y en municipios de más de 5.000 habitantes y diputaciones provinciales 10 contratos a jornada completa.
Los contratos vinculados a esta convocatoria deberán tener una duración mínima de 120 días y el periodo subvencionable de las contrataciones será el comprendido entre el 1 de marzo de 2026 y el 28 de febrero de 2027. Los destinatarios de los contratos deben ser personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el ECyL, preferentemente mayores de 45 años, parados de larga duración, mujeres o personas con discapacidad.
Las entidades interesadas disponen de un plazo de un mes, a partir de mañana, para presentar sus solicitudes de forma telemática. La valoración de las solicitudes se realizará en régimen de concurrencia competitiva, teniendo en cuenta criterios como el número de desempleados en la zona, el tipo de entidad y el grado de integración laboral de personas con discapacidad.
