La colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el Obispado de Ciudad Rodrigo tiene como fin facilitar la puesta a disposición de las familias de entornos rurales aquellas viviendas propiedad de la Iglesia que se encuentran en desuso, a través de su incorporación al Parque Público de Vivienda de la Junta de Castilla y León. Con la firma de este protocolo, Junta y Obispado de Ciudad Rodrigo coinciden en el interés de utilizar esas viviendas en régimen de alquiler social para facilitar el acceso a personas que por su situación personal, social o económica no pueden tener acceso a una vivienda en el mercado libre.
Las viviendas que se incorporen en virtud de este acuerdo al Parque Público de Vivienda están localizadas en pleno casco urbano y contarán con todo tipo de servicios, por lo que se optimizan las infraestructuras existentes a la vez que se evita el deterioro del patrimonio inmobiliario de los diferentes núcleos rurales. Una vez firmado el protocolo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente estudiará las opciones propuestas por el Obispado y comprobará las características de las viviendas propuestas para redactar las memorias de las obras de rehabilitación necesarias para cada una de ellas.
Este compromiso de colaboración entre ambas instituciones tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y para garantizar su cumplimiento se creará una comisión de seguimiento con representantes de ambas instituciones.
Este es el segundo convenio que firma la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con representantes de la Iglesia Católica -el primero se firmó el pasado año con el Obispado de León- para trabajar conjunta y coordinadamente en facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada y atender situaciones difíciles, especialmente en el medio rural, sumándose así al resto de iniciativas que está llevando a cabo la Administración autonómica, como el programa ?Rehabitare? que durante los años 2016 y 2017 ha ofrecido hasta ahora 99 viviendas rurales en régimen de alquiler social distribuidas en 80 municipios de Castilla y León, con un presupuesto invertido de 3.948.314 euros. Este programa continua el presente año con la firma hoy de las primeras seis viviendas en la provincia de Salamanca.
Suárez-Quiñones ha insistido en su defensa de la necesidad de incorporar el medio rural a las políticas globales de vivienda, tanto a través de estos programas como de los programas de rehabilitación y regeneración urbana que está llevando a cabo su departamento en los entornos rurales, todo ello con el fin de contribuir a fijar población en esos núcleos de población dentro de la lucha contra la despoblación.
Parque Público de Vivienda
El Programa de Vivienda Social en Castilla y León, cuyas líneas maestras son fruto del Diálogo Social, contempla el fomento del alquiler como uno de sus objetivos prioritarios. Para ello, la Junta de Castilla y León ha creado un Parque Público de Vivienda en alquiler, entendido como servicio público de interés general, que ha complementado con una ampliación de las convocatorias de subvenciones al alquiler, con un apoyo decidido a las personas con rentas más bajas. Un programa que, en el caso de viviendas asignadas para personas en riesgo de exclusión social u otras situaciones de emergencia social, se ejecuta conjuntamente y coordinadamente con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
El Parque Público de Vivienda en Alquiler de la Junta de Castilla y León dispone de más de 1.640 viviendas incorporadas de distintas procedencias: las propias de la Administración autonómica desocupadas y reservadas para colectivos en riesgo de exclusión social; otras cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb); las incluidas en el Programa Rehabitare, que son cedidas por los ayuntamientos a la Junta para su rehabilitación y posterior alquiler en el medio rural; y las viviendas de protección pública propiedad de Somacyl que actualmente se ofrecen en régimen de alquiler con opción a compra.
La Junta de Castilla y León destinó en 2016 un total de 11,3 millones de euros a la convocatoria de ayudas al alquiler con especial apoyo a las rentas más bajas, triplicando el número de beneficiarios, que en 2016 alcanzó a 8.760 personas. En la convocatoria del pasado año, fruto del acuerdo alcanzado en el seno del Diálogo Social, dicha cantidad se incrementó hasta los 14,6 millones de euros que fueron destinados para 11.160 beneficiarios.
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