El Gobierno ha respondido al senador Carles Mulet, del grupo Compromís, en una petición realizada para que se le diera copia de los informes remitidos por el Instituto de Salud Carlos III referentes a la mina de uranio de Retortillo.
Al respecto, el Gobierno reconoció, según una nota de prensa enviada por Stop Uranio, que se no se ha efectuado ningún estudio sobre el impacto de la mina de Retortillo en la salud de los habitantes del entorno de la instalación prevista.
"Los antecedentes que existen sobre ese tipo de instalaciones nos hacen albergar serias dudas sobre las consecuencias negativas en nuestra salud, si finalmente se autoriza la mina de uranio a cielo abierto con planta de beneficio de mineral y depósito de residuos radiactivos. Las minas o plantas de concentrado de uranio que han existido en la Península Ibérica han provocado enfermedades y muerte, como en el caso de Urgeiriça (Portugal) o en Andújar (Jaen), sin olvidarnos de Saelices el Chico (Salamanca)", recuerdan
Stop Uranio, mientras, prosigue en que la empresa se escuda en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la afección radiológica "pero ese mismo organismo junto con el Instituto de Salud Carlos III, ya advirtieron en 2009 que una planta de concentrado de uranio tiene riegos químicos importantes que deben considerarse a la hora de aprobar este tipo de instalaciones".
La misma decía que "en el entorno de las instalaciones de producción de concentrados de uranio se mezclan tres tipos de exposición. La exposición laboral, que si bien se da en todas las instalaciones, en las actividades de minería la protección personal de los trabajadores era menor en los años 60 y 70. La exposición de la población en general, derivada de las emisiones, en la que pesaría más su componente de toxicidad química que la radiológica. Por último, los depósitos de residuos (estériles-tailings) que también son tóxicos”.
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