Las tres plataformas en contra de las minas en Ávila, Stop Uranio de Salamanca, una representante de la problemática minera en Ciudad Real y la recién creada plataforma ‘Salvemos la montaña, No a la mina de Valdeflores de Cáceres’, han participado, invitados por Ecologistas en Acción, en el evento que esta organización ha llevado a cabo en Madrid, bajo el lema ‘Las minas nos matan. Protejamos el suelo de la especulación minera’. Un evento enmarcado dentro de la campaña internacional ‘People4Soil’, con la que se pretende conseguir una directiva europea de protección del suelo, que también contó con la participación de En el mismo se desgranaron algunos de los puntos clave sobre la estrategia minera que amenaza a España y se aportaron datos llamativos como las 2.000 solicitudes de concesiones existentes en el territorio español.
En el marco de la editorial ‘Traficantes de sueños’, y bajo la moderación de María José Esteso, responsable de la revista Ecologista, Paula Tordesillas, coordinadora de la campaña ‘Salva el suelo’, de Ecologistas en Acción, destacó que entre los objetivos de ‘People4Soil’ figura establecer el suelo como patrimonio común necesitado de protección, con un marco jurídico vinculante, que incluya sus principales amenazas, entre las que se podría encontrar la minería. Sin embargo, la ecologista reconoció que “los lobbies no permiten que se lleve adelante una normativa europea en este sentido”.
Una de las tendencias que se están dando actualmente es el de la minería a cielo abierto, con los problemas que la misma acarrea, advirtió. “Se necesitan grandes cantidades de agua que las poblaciones afectadas no tienen. Contaminación acústica e hidráulica. Riesgos para la salud. Y todo ello sin olvidar las restauraciones incompletas de las tierras en las que se han instalado”, para lo que, dijo, “deberían dejar una fianza”.
Normativa
Consecuencias a las que Elena Solís, abogada y activista contra el proyecto minero de tierras raras, previsto en el Campo de Montiel, en Ciudad Real, añadió el efecto de la despoblación porque “al final la gente se tiene que ir de su tierra”. Esto ocurre porque la Ley de Minas del 73 permite la expropiación allí donde hay recursos mineros, con un periodo de explotación de hasta 90 años. Solís afirmó que todo esto se considera como “violencia”, “una violencia lenta que afecta a los medios de subsistencia de los pobladores, así como a su salud, aunque la picaresca ambiental hace que resulte difícil certificar las causas de una enfermedad grave y ligarlas a este tipo de actividades”.
