El Grupo Parlamentario Podemos ha presentado una Proposición No de Ley en la Comisión de Sanidad en las Cortes de Castilla y León mediante la que se insta a la Consejería de Sanidad a que, "en aras del principio de precaución", encargue la elaboración de un informe independiente sobre las consecuencias y riesgos para la salud del proyecto de explotación a cielo abierto de una mina de uranio en la provincia de Salamanca.
La proposición, firmada por Isabel Muñoz Sánchez, procuradora por la provincia de Salamanca y portavoz en la Comisión de Sanidad, explica que “con carácter general, la actividad minera radiactiva, por su naturaleza, finalidad y condiciones de explotación, resulta incompatible con el desarrollo de una economía social y medioambientalmente sostenible”, por lo que conlleva enormes riesgos económicos, ambientales y de salud para la población, según comenta.
Para Muñoz, la empresa ha promovido la construcción de una planta de fabricación de concentrados de uranio que tiene la consideración de instalación radiactiva de primera categoría del ciclo del combustible nuclear, y este hecho fue omitido en la tramitación de los expedientes urbanísticos iniciales.
Así, dice, la Orden IET/1944/2015, de 17 de septiembre, de la Secretaría de Estado de Energía, “existe una interrelación entre la planta de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo y la explotación minera de Retortillo-Santidad, ya que, además de compartir el mismo emplazamiento, en el hueco de mina de Retortillo se irán almacenando los estériles de proceso y residuos radiactivos a medida que se generen en la planta”.
Asimismo, la empresa promotora desistió de sus solicitudes de licencia urbanística tramitadas ante los Ayuntamientos de Villavieja de Yeltes y de Retortillo debido a la posible denegación por parte del primero, para tramitar posteriormente un único procedimiento ante este último Consistorio. Por esta razón, el procurador del común de Castilla y León ha recomendado tramitar un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental y analizar de nuevo las repercusiones sobre la Red Natura.
Por otro lado el Ministerio de Energía ha acordado la suspensión del procedimiento de autorización de construcción de la mencionada planta de concentrados, con carácter indefinido, hasta la emisión del informe del Consejo de Seguridad Nuclear.
Recuerda, por último, que a los apoyos en el pleno de Ayuntamiento y Diputación, se le suman los estudios científicos que revelan la existencia de riesgos para la salud asociados a explotaciones mineras de uranio a cielo abierto. "Las mencionadas deficiencias procedimentales y las numerosas causas e investigaciones judiciales en curso contribuyen a incrementar las sombras sobre el proyecto y ponen de manifiesto la necesidad de paralizarlo siquiera cautelarmente. Para garantizar la protección de la salud pública y dar cumplimiento al principio de precaución, se impone la necesidad de que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León adopte las medidas oportunas en ejercicio de sus competencias".
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