El portavoz regional de Podemos, Pablo Fernández, ha comparecido este martes en la sede de Podemos Salamanca para anunciar que su grupo parlamentario en Las Cortes de la Junta de Castilla y León presentará alegaciones contra el expediente de solicitud de expropiación forzosa de terrenos, con carácter de urgencia, en Retortillo para la ampliación de la mina de uranio de la empresa Berkeley.
“Queremos mostrar nuestra frontal oposición a este expediente porque pensamos que no se dan las circunstancias ni para la expropiación, ni para la urgencia”, ha introducido Fernández, quien ha revelado además que no está disposición de los ciudadanos ni de los grupos parlamentarios el documento completo del proyecto en base al que Berkeley ha emitido esta solicitud, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 13 de octubre, “con ‘puentidad’ y alevosía”, en palabras del portavoz de la formación morada.
En este sentido, Fernández ha revelado que han solicitado la documentación pertinente y que no se les ha entregado en una demostración de “opacidad y falta de transparencia” por parte de la Junta de Castilla y León. Además, consideran que el plazo de 15 días otorgado por la publicación en el BOP contraviene la normativa de procedimiento administrativo vigente, que prevé 20 días y han recordado que el Gobierno central ha suspendido la autorización de la construcción de la planta a la espera de la resolución del expediente abierto por la Unión Europea.
“Berkeley dice que la urgencia es vital para comenzar las obras a mediados de 2018. Los que no entendemos es que la junta se ha puesto tan sumisamente de su lado, cuando debería evitar cualquier movimiento hasta que se resuelva ese expediente”, ha valorado, incidiendo en que por ellos creen que “la Junta está siendo cómplice y connivente con este atropello poniendo una alfombra roja a Berkeley a costa de los ciudadanos de la provincia de Salamanca”, acusando a la institución regional de deslealtad.
IU-Equo, en la misma línea
“La declaración de urgencia en un procedimiento de expropiación forzosa se prevé en situaciones excepcionales, y que no se dan en este caso”, argumenta el procurador de IU-Equo, José Sarrión. “Los intereses de una empresa no pueden urgir a la Junta de Castilla y León a resolver sus pretensiones”.
IUCyL recuerda que Berkeley carece de licencia Urbanística del ayuntamiento de Retortillo para iniciar los trabajos de construcción de las instalaciones proyectadas, “por lo que no hay ninguna urgencia en expropiar unos terrenos en los que no se puede construir nada”. Además el Gobierno del Estado ha suspendido “indefinidamente” el procedimiento de autorización de construcción de la Planta de tratamiento de mineral prevista. Y están en curso distintos procedimientos judiciales en relación a las autorizaciones concedidas para el proyecto minero.
“El Gobierno autonómico debe velar por los intereses de los ciudadanos que habitan esta Comunidad y no favorecer los de una empresa multinacional de origen australiano”. En este sentido, la Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento de la capital salmantina, han aprobado mociones en contra de los intereses de la minera, recogiendo el sentir unánime de la población, “por lo que sería inconcebible que se favoreciera, por vía de urgencia, un procedimiento de expropiación de un proyecto perjudicial para los castellanos y leoneses”.
