Stop Uranio ha presentado un recurso de alzada ante el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por la Autorización de uso excepcional de suelo rústico concedida por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca el pasado 20 de julio.
En este recurso se solicita la anulación de esa autorización por considerarla nula de pleno derecho al no haber informado el Ayuntamiento de Retortillo las alegaciones presentadas y haberlas resuelto directamente la Comisión Territorial, sin invocar precepto legal alguno que fundamente esa asunción de competencias por parte de la Administración Regional.
En el recurso presentado también se han utilizado los argumentos expuestos por el Procurador del Común en la resolución que ha adoptado esa institución en relación a la mina de uranio de Retortillo. El Procurador le dice a la Junta de Castilla y León que se debe realizar una nueva Evaluación de Impacto Ambiental, ya que la aprobada mediante la Orden FYM/796/2013, de 25 de septiembre, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, tenía validez para los dos municipios afectados, Retortillo y Villavieja de Yeltes, cuando la autorización de uso excepcional es solo para Retortillo, lo que supone una alteración de las condiciones aprobadas en la Declaración de 2013.
Según Stop Uranio, el Procurador también incide en los argumentos expuestos por la plataforma desde la aprobación de esa Declaración de Impacto y corroborados por informes científicos posteriores, como el de dos biólogas de la Universidad de Castilla La Mancha, en el sentido de que se debe valorar nuevamente la incidencia de la mina en la Red Natura 2000, en la pervivencia de especies amenazadas (milano Real, cigüeña negra o sarda salmantina) o los efectos transfronterizos del proyecto.
La resolución del Procurador del Común, según Stop Uranio, obligaría a la Junta de Castilla a la realización de un nuevo proceso de Evaluación de impacto, o motivar los fundamentos jurídicos de no realizar nuevamente ese trámite. En el caso de que la Junta de Castilla y León asuma las tesis del Procurador del Común significaría la obligación de que Berkeley Minera empiece el proyecto de nuevo.
La Administración Regional tiene dos meses para adoptar una decisión en relación a la Resolución del Procurador del Común y tres meses para resolver el recurso presentado por Stop Uranio. Además, Stop Uranio advierte que si no acepta los fundamentos legales del Procurador del Común llevará a a la Junta a los tribunales.
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