El procurador de Izquierda Unida en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, ha preguntado al consejero de Fomento y Medio Ambiente sobre el expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento de Retortillo a la empresa Berkeley Minera España S.L. por la realización de las obras de desvío de la carretera comarcal SA-322 sin contar con los oportunos permisos.
El consejero “ha tirado balones fuera”, según Stop Uranio, echándole la culpa a la Diputación Provincial de la hipotética falta de resolución del expediente, pero “no ha sido capaz de decirnos de una vez por todas si un año después de que se abriera el mismo se conoce la posible sanción impuesta a la empresa”.
Aseguran que a Berkeley no se la ha multado porque “el expediente sancionador ha caducado por el transcurso del tiempo máximo en el que puede estar abierto ese expediente sin dictar resolución (seis meses, prorrogable por otros tres)”. Después de un año sin resolver la sanción a imponer a la minera, ésta “se va de rositas ante la pasividad de las distintas administraciones competentes en la materia”, que son el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Castilla y León.
Suarez Quiñones ha invocado la autonomía municipal para argumentar que el competente para sancionar es el ayuntamiento, con la asistencia de la Diputación si carece de medios; pero para resolver las alegaciones a la Autorización de cambio de uso y apreciar el interés público de la mina “se olvidaron de la autonomía municipal de la que tanto se les llena la boca cuando no quieren ejercer sus competencias”.
