El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha presentado una moción en la que insta al Gobierno de España y a las demás fuerzas políticas a alcanzar un acuerdo para la implantación de una Prueba Única EBAU para toda España, “que garantice el acceso en igualdad de condiciones a la Universidad de todos los estudiantes, residan donde residan, y acaben con las situaciones discriminatorias que se producen en la actualidad”.
Como indica la portavoz del Grupo Popular, Chabela de la Torre, “en el actual debate para la consecución de un Pacto de Estado social y político por la Educación tiene un papel relevante la forma en que se evalúan los resultados de nuestro sistema educativo y los conocimientos adquiridos con los estudiantes. En la configuración actual de nuestro sistema tiene una especial relevancia la evaluación para el acceso a la Universidad. Desde que en el año 1974 se estableciera la Selectividad, posteriormente la PAU y actualmente la EBAU, el sistema de acceso a la Universidad determina cada año el futuro profesional de miles de estudiantes en nuestro país. Nuestra Constitución recoge en su Artículo 27 el derecho a la Educación. La configuración de España en el texto constitucional como un Estado descentralizado, que se concretó posteriormente en el actual Estado Autonómico, ha permitido desarrollar este derecho fundamental con la participación de la Administración central y de las Comunidades Autónomas, a las que han sido transferidas por parte del Estado central amplias competencias en materia de Educación, permitiendo una gestión más cercana y adaptada al territorio, siendo un aspecto positivo. En Castilla y León esto ha permitido garantizar la educación rural o conseguir de manera repetida unos resultados de excelencia según todos los informes PISA”.
Así Chabela de la Torre prosigue, “la Constitución reserva al Estado, la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. Por lo que respecta a la organización de la prueba, el artículo 2 apartado 4.c) del Real Decreto Ley 5/2016 establece que las administraciones educativas de carácter autonómico, en colaboración con las Universidades organizarán la realización material de la prueba EBAU. En el Real Decreto 310/2016 se recoge en su artículo 2 que el Ministerio de Educación determinará cada curso y para todo el Sistema Educativo Español las características, diseño y contenido de las pruebas”.
Como resultado de este sistema, “muy similar al que hasta ahora venía rigiendo para la anterior Prueba PAU, y a pesar de que los contenidos básicos son determinados por la Orden Ministerial Anual para todo el Sistema Educativo español, los exámenes y contenidos concretos son diferentes para cada Comunidad Autónoma, lo que da lugar a desigualdades fruto del azar de cada convocatoria y prueba concreta, o incluso como apuntan los estudios estadísticos realizados sobre este asunto a desigualdades estructurales para los estudiantes según residan en unas comunidades u otras. En concreto, ocurre que mientras que Castilla y León lidera todos los ranking de calidad educativa a nivel nacional, nuestros estudiantes obtienen de manera sistemática medias más bajas en la prueba EBAU, generándose un prejuicio para los estudiantes según el territorio de España donde residan, especialmente cuando quieren ingresar en facultades que exigen unas notas de corte más elevadas”.
Esto ha generado “una amplia preocupación social, como demuestra la movilización estudiantil que tuvo lugar el pasado 23 de marzo a favor de la Prueba única EBAU en Valladolid, una preocupación social a la que las fuerzas políticas debemos dar respuesta. Este problema sin embargo no puede ser solucionado con una mirada a corto plazo, mediante la igualación por debajo de la calidad de los sistemas educativos, pues debemos defender tanto la igualdad de oportunidades como la EBAU como la elevada calidad educativa que en Castilla y León hemos alcanzado tras muchos años de esfuerzo de todas las personas que intervienen en nuestro sistema educativo”.
Es por ello que “la solución a esta situación debe venir por medio de establecimiento de una Prueba única y común de acceso a la Universidad para todo el territorio español, con unos criterios de corrección comunes. Las Cortes de Castilla y León, a propuesta del Grupo Popular, aprobaron por amplia mayoría una Proposición no de Ley en este sentido el pasado 4 de octubre. Esta Prueba única permitiría garantizar la igualdad de oportunidades que recoge nuestra Constitución, siendo un sistema justo y equitativo”.
