La presencia de los okupas generaron entre la población un reclamo de protección y seguridad debido a los altercados, robos y actos vandálicos a los que estaban acostumbrados vivir en la calle de las viviendas anteriormente mencionadas. De hecho, el Gobierno acordó mediar en el conflicto sobre la ocupación de las casas de protección oficial y que la decisión de desalojo, que correspondía al juez, se ejecutaría cuando fuera remitida a la Subdelegación del Gobierno de Salamanca. Algo que, todo parece indicar, ocurra a partir del próximo lunes.
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