Varias viviendas de protección oficial, situadas en la calle bejarana de Víctor Gorzo, fueron ocupadas por familias de etnia gitana el pasado mes de mayo. Un hecho que se produjo sin que las casas hubieran sido entregadas a sus adjudicatarios, proceso que aún estaban pendiente desde su construcción, en el año 2005, por parte de la Junta de Castilla y León. La entrega de las casas estaba paralizada por irregularidades en las adjudicaciones y solo que daba realizar la entrega de las llaves de las viviendas a los propietarios correspondientes.
 
La presencia de los okupas generaron entre la población un reclamo de protección y seguridad debido a los altercados, robos y actos vandálicos a los que estaban acostumbrados vivir en la calle de las viviendas anteriormente mencionadas. De hecho, el Gobierno acordó mediar en el conflicto sobre la ocupación de las casas de protección oficial y que la decisión de desalojo, que correspondía al juez, se ejecutaría cuando fuera remitida a la Subdelegación del Gobierno de Salamanca. Algo que, todo parece indicar, ocurra a partir del próximo lunes.

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