La Diputación de Salamanca aprobó este viernes por unanimidad una moción planteada por todos los Grupos Políticos con representación en La Salina para instar al Gobierno de España a adoptar medidas legislativas urgentes que permitan a las Entidades Locales españolas reinvertir su superávit sin tener que generar nuevos ingresos por una misma cuantía en cualquier iniciativa que consideren oportuna para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos con el único límite de no poner en riesgo su estabilidad presupuestaria.
Proponen que los propios Presupuestos Generales del Estado articulen la forma de emplear ese saldo positivo, que se viene generando desde 2012, retocando ciertos aspectos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Así, en el caso del superávit de 2016, sugieren que se permita reinvertirlo durante los ejercicios 2017 y 2018.
Ese clima de entendimiento, aunque no exento de un largo debate, se mantuvo a la hora de abordar la propuesta de Ganemos para adoptar medidas contra la corrupción.
Finalmente, y tras una encendida defensa de la honradez de la mayor parte de los políticos realizada principalmente desde la bancada socialista, se dio luz verde a la propuesta aunque matizándola para estudiar más en profundidad alguno de los aspectos planteados por el diputado de Ganemos, que acusó a PP y PSOE de caer en prácticas deshonestas por perpeturarse al frente de las instituciones.
Así, se instará al Gobierno de España y los partidos políticos a aumentar los presupuestos dedicados a la lucha contra la corrupción. Además, y en la misma línea que Transparencia Internacional, se pedirá la puesta en marcha de ‘programas de clemencia’ para funcionarios públicos que destapen casos de corrupción.
A ese respecto, desde Ciudadanos se recordó que la Ley Ómnibus, impulsada por esta formación, ya articula medidas en este sentido a nivel regional.
El clima de acuerdo se hizo también extensivo a la propuesta del PSOE para la puesta en marcha de un Plan de acceso a las nuevas tecnologías en el mundo rural exigiendo a todas las administraciones públicas con competencia, Junta de Castilla y León y Gobierno de España, el destino de fondos suficientes para ello además de convenir la cooperación de otros organismos públicos como las Universidades y empresas públicas, junto a la colaboración de la empresa privada, "para obtener los recursos necesarios que faciliten el cumplimiento de los objetivos que se puedan incluir en dicho Plan Integral de acceso a las nuevas tecnologías".
El consenso volvió a quedar patente en el caso de la otra propuesta Grupo Socialista para que la Junta de Castilla y León compense económicamente las pérdidas que sufren los ganaderos de la provincia por los ataques de buitres a sus animales.
