La Diputación de Salamanca tendrá que indemnizar con más de 100.000 euros a Vegater, empresa concesionaria desde 1997 de la gestión del muelle de Vegaterrón, según determina una sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Salamanca que considera nulo el acuerdo de pleno de 27 de enero de 2017 en el que se aprobó la resolución del contrato con la concesionaria. Un asunto que ha sido motivo de un arduo debate en el pleno de la Diputación celebrado este viernes ya que todos los grupos de la oposición han criticado duramente la actuación de la Diputación en este asunto, no sólo por la perdida del proceso judicial que les obliga a indemnizar, sino porque también la sentencia obliga a la Diputación a restituir a la empresa en la gestión frente al muelle, al menos hasta la primavera de 2022, fecha en la que concluye la concesión de 25 años que tenía Vegater.
El propio Carlos García Sierra, diputado de Fomento, reconoció ayer durante la sesión plenaria que la Diputación “no ha estado vigilante en este aspecto”, aunque añadía que desde 2014 “se ha estado buscando el reclamar todas las cantidades oportunas”, ya que la empresa no ha abonado cánones ni tasas durante los muchos años de concesión, como se ha reconocido en el pleno.
José Francisco Bautista, diputado no adscrito incluso pidió la dimisión del presidente Javier Iglesias al que acusó de “haber abandonado a su suerte uno de los atractivos turísticos más importantes de la provincia”. Por su parte, Manuel Hernández de Ciudadanos pidió más informes jurídicos y aseguró que “la empresa ha estado 25 años sin pagar nada, ni garantía definitiva ni cánones” y que la institución “lo consintió”. Un asunto muy grave para el diputado que además aseguró que la empresa podría hacer reclamaciones futuras por un importe millonario. Para Manuel Ambrosio Sánchez, del PSOE, en este asunto “hay una responsabilidad política durante 24 años de distintas corporaciones del Partido Popular”. El socialista además calificó este asunto como “el mayor pufo y escándalo de esta Diputación de sede su creación a principios del siglo XIX” y criticó que no se haya podido utilizar el muelle para fines comerciales y solo tenga uso turístico.
Por su parte, Carlos García Sierra se defendió de las acusaciones asegurando que la Diputación siempre ha querido cumplir y que “otra cosa es lo que la empresa lo ha reclamado en el juzgado”. La sentencia, que obliga a La Salina a abonar los beneficios que podría haber tenido Vegater desde que se anuló su concesión, también obliga a reponerla frente a la concesión “y la empresa también tiene obligaciones, al igual que tiene derechos”, aseguraba García Sierra. El diputado aseguró que desde 2014 se han reclamado cantidades a la empresa y aclaró que la Diputación no ha adjudicado la gestión del muelle a Tragsa, sino que se le ha adjudicado el mantenimiento y seguridad, “la gestión del muelle es otra cosa por lo que se le puede reponer perfectamente a Vegater”, añadió.
Por otra parte, en el pleno también se aprobó por unanimidad una modificación de crédito de 20.000 euros para la firma de un convenio con AESCO que permita poner en marcha los Bonos rurales y una moción del PSOE en la que se acordó promocionar la ruta de Carlos V en la provincia y solicitar a la Junta una promoción conjunta con el resto de provincias de la región por donde pasó el rey de camino a Yuste. También fue aprobada una moción de Ciudadanos para apoyar al sector de vacuno de carne.
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