Las asociaciones en defensa de la lengua leonesa Faceira (León), Furmientu (Zamora), El Teixu (Asturias, León, Zamora y Bragança), Documentación y Estudio de El Rebollar (Salamanca) y La Caleya (Astorga) ejercieron el derecho de petición ante las Cortes de Castilla y León para reclamar que se cumpla lo dispuesto en el artículo 5.2 del Estatuto de la Comunidad, desarrollando una ley y una política lingüística que garanticen la protección del leonés y su enseñanza.
 
Estas organizaciones denunciaron que la situación actual vulnera la Constitución, el Estatuto y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa. Pese a que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León dispone que “el leonés será objeto de protección específica” y que “su protección, uso y promoción serán objeto de regulación”, las instituciones de la Comunidad “mantuvieron una inactividad absoluta en materia lingüística”, según señalaron los responsables de esta iniciativa en una nota de prensa. Ésta es la razón por la que Faceira, Furmientu, El Teixu, Documentación y Estudio de El Rebollar y La Caleya ejercen el derecho de petición a las Cortes de Castilla y León, “solicitando que se cumpla y desarrolle el mandato estatutario”.
 
En concreto, estas asociaciones pidieron que se desarrolle “mediante una ley” el artículo 5.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, “observando en su redacción los principios y objetivos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa”, y que se lleve a cabo una “política de protección y promoción del leonés de acuerdo con las recomendaciones del Comité de Expertos del Consejo de Europa expresadas en su tercer informe periódico para España”.
 
Las organizaciones en defensa del leonés, denominado también asturiano o bable en el Principado de Asturias y mirandés en Portugal, recordaron que la “protección y salvaguarda de esta lengua viene exigida no sólo por el mandato estatutario, sino también por la propia Constitución Española y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa, ratificada por España en 2001”. Del mismo modo, destacaron que tanto el Procurador del Común como el Comité de Expertos del Consejo de Europa “ya denunciaron la falta de cumplimiento del mandato estatutario e instaron a las autoridades castellanas y leonesas a promover y proteger el leonés”.
 
Por último, también denunciaron que la “omisión de las obligaciones autonómicas en cuanto a la protección del leonés significa, además, una "política discriminatoria" entre los hablantes de las lenguas minoritarias de la Comunidad, pues la promoción del gallego y del euskera que realiza la Junta, aun siendo insuficiente, contrasta con la indefensión en que se mantienen al leonés y sus hablantes, pese a ser una lengua con una regulación estatutaria de mayor entidad”, según apuntaron las mismas fuentes.

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