Ecologistas en Acción reclama una normativa estatal que regule el estado de los pozos

La organización solicita al Ministerio para la Transición Ecológica que ponga en marcha un plan para la clausura progresiva de todos los pozos ilegales

 PozoNuevo
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Ecologistas en Acción ha denunciado mediante una nota de prensa "el descontrol que existe con los pozos, como demuestra el hecho de que, en 2006, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente estimara en 510.000 los pozos ilegales que existían en nuestro país". 

Según destacan, a esta situación se debe añadir el hecho de que "apenas se exijan medidas de protección para evitar que los pozos, cuando se abandonen, no constituyan un riesgo para las personas y los animales". 

Así, estos pozos sin señalización o protección, acaban siendo escondidos por la vegetación y provoca que animales, de manera frecuente, e incluso personas, puedan acabar cayendo. 

A ellos, continúan, se deben añadir los de antiguas explotaciones mineras que, denuncian, en "muchos casos tampoco cuentan con ningún tipo de señalización o protección".

Por todo ello, Ecologistas en Acción solicita al Ministerio para la Transición Ecológica que ponga en marcha un plan a nivel estatal para la clausura progresiva de todos los pozos ilegales que existen en el país. La organización ecologista también reclama al Ministerio que, dado que la normativa vigente resulta un tanto vaga y ambigua, elabore una normativa detallada donde se determinen las acciones que los propietarios de los terrenos en los que existan pozos, abandonados o no, tengan la obligación de llevar a cabo, para evitar riesgos para las personas y animales como la obligatoriedad de sellar adecuadamente el pozo abandonado con tierra y hormigón o el establecimiento de brocal y una tapa de hierro con candado. 

Por último, Ecologistas en Acción solicita a la Federación de Municipios y Provincias que inste a los ayuntamientos a que procedan con sus propios medios a la detección de todos los pozos abandonados que pudieran existir en su término municipal, así como que lleven a cabo en los mismos las medidas preventivas de urgencia necesarias para evitar que sigan siendo un riesgo para las personas y los animales. 

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