La sentencia 1011/2017 del Tribunal Superior de Justicia declaró nula la convocatoria del pleno de la Diputación del 20 de enero de 2016 y todos los acuerdos aprobados, por lo que quedarían suspendidos presupuesto y RPT al haberse aprobado a posteriori. Como consecuencia, varios trabajadores de La Salina podrían quedar despedidos.
El diputado Gabriel de la Mora explicaba este lunes en rueda de prensa que “desde el primer día, Ganemos presentó un recurso judicial con propuestas para evitar el pleito”. Sin embargo, explicaba que el Gobierno de la Diputación no se ha prestado a debatirlas, y que de llegar a un acuerdo, se podría mejorar la transparencia y la participación.
Esas medidas, que de la Mora consideraba “de coste cero”, incluyen aumentar el plazo de convocatoria del pleno de los presupuestos, que pasaría de tres días a quince, de manera que los ayuntamientos y las mancomunidades tengan tiempo para estudiarlo. También hablaba de instaurar presupuestos abiertos en la página web de La Salina, poner un plazo de 10 días para los ayuntamientos presenten los presupuestos y hacer comisiones informativas.
El partido de Gobierno, por su parte, aseguraba en una comisión celebrada hace unos días que aunque llegaran a un acuerdo, la aplicación de la sentencia seguiría adelante. Algo que el diputado niega: “Si las propuestas son aceptadas, se llega a un acuerdo y se evitan los despidos”. En todo caso, añadía, requieren incluir el acuerdo en el reglamento, algo que el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, rehúsa.
