Los concejales Javier Rodríguez, por el Partido Socialista, y Jesús Santos, Izquierda Unida, han insistido en pedir la dimisión  del alcalde de Santa Marta de Tormes, Javier Cascante, por lo que consideran un incumplimiento grave de sus funciones en relación al reglamento. Según han explicado, los hechos se remontan al pasado 26 de septiembre cuando en una sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento, el alcalde intentó eliminar el artículo 9 del Reglamento Orgánico de Municipios (ROM) y el cual exige que "el alcalde siempre desempeñará su cargo en régimen de dedicación exclusiva", ya que, a partir del 1 de octubre Cascante pasaría a cobrar la prestación por jubilación, prestación que tanto IU como PSOE recuerdan que es incompatible con el cobro por sus funciones como alcalde. 

La propuesta de Cascante fue desestimada por los grupos de la oposición por lo que Javier Cascante propusó a la finalización del mismo una moción urgente para la elimición de dicho artículo, propuesta que fue igualmente retirada. A partir de ese momento, IU y PSOE explican que el alcalde decidió recurrir a la convocatoria de un pleno extraordinario para el día 11 de octubre a fin de aprobar finalmente la modificación del reglamento. Dicho pleno se llevó a cabo a las 8.30 horas para así, alegan, tener el tiempo justo para enviar la solicitud de publicación urgente del acuerdo de modificación del ROM. Estos cambios de última hora supuso un mayor coste de tasas, según explican Rodríguez y Santos. Finalmente en este pleno extraordinario ya tuvo lugar la modificación del reglamento, modificación que surgiría efecto a partir del día 14 de octubre. Tras su publicación y transcurridos los 30 días para formular alegaciones, la reforma aparece publicada en el Boletín Oficial el día 5 de diciembre. 

Así pues, el Partido Socialista e Izquierda Unida de Santa Marta piden la dimisión del primer edil al considerar que durante más de dos meses, Javier Cascante ocultó información acerca de su situación así como de la tramitación de modificación del ROM; impulsó una reforma reglamentaria innecesaria y costosa para el erario público y traicionar la confianza de los grupos municipales. Los dos concejales han asegurado que barajan la opción de acudir a los tribunales y que, en caso de ser así, lo harán público en los próximos días.

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