El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y los presidentes de las nueve diputaciones provinciales, entre los que se encontraba Javier Iglesias, han suscrito este lunes, en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas, dos importantes protocolos de colaboración que inciden en dos líneas prioritarias en el mundo rural: Internet y el acceso a la vivienda.
Por un lado, las administraciones autonómica y provinciales han rubricado un acuerdo para destinar 30 millones de euros -cofinanciados al 50%- para llevar internet de banda ancha de alta velocidad, tanto fija como móvil, a aquellas áreas donde no llegan las operadoras. La provincia de Salamanca será precisamente la que más dinero invierta con un total de 5.572.800 euros.
Fernández Mañueco ha asegurado que la extensión de internet de alta velocidad a todo el territorio es básica para el desarrollo rural, para la modernización de la Comunidad y para poder impulsar la transformación digital. “Cerrar la brecha digital aumentará la igualdad de oportunidades”, ha añadido el presidente, quien ha señalado que este proyecto facilitará el emprendimiento y abrirá nuevas posibilidades a las empresas; permitirá incrementar el teletrabajo y que haya más personas que puedan vivir en su pueblo aunque su puesto de trabajo esté asentado en una ciudad; y multiplicará las opciones de ocio y entretenimiento
Esta medida facilitará también la integración, la eliminación de barreras, la igualdad de oportunidades, el desarrollo y el progreso de la Comunidad “porque hoy la transformación digital ya no es una posibilidad o una opción; es una necesidad irrenunciable”, según ha apostillado el presidente.
A esta inversión se sumará la que realiza la Junta de Castilla y León en colaboración con el Gobierno de España. Son 19,5 millones de euros convocados el 16 de julio para desplegar redes en zonas sin cobertura.
En cuanto al segundo de los protocolos firmado, impulsa la rehabilitación de edificios de titularidad municipal en desuso en los cascos urbanos del medio rural, para incorporarlos al parque público de alquiler social.
Las diputaciones provinciales se adhieren así al programa Rehabitare para desarrollar un total de 82 actuaciones, con un presupuesto que alcanza los 4,26 millones de euros –cofinanciado también al 50% entre la Junta y las administraciones provinciales-. La provincia de Salamanca es la que más actuaciones realizará, con 16, y por ende la que más dinero destinará, con un total de 832.000 euros.
Este programa, en palabras de Fernández Mañueco, tiene un carácter social, facilitando una vivienda a quien más lo necesita, especialmente a los jóvenes; fijando y recuperando población en el medio rural, de forma colaborativa y eficiente; aprovechando el patrimonio inmobiliario en desuso de los pueblos, y contribuyendo a enriquecer el parque inmobiliario en el medio rural, y a la generación de actividad económica en dicho medio, gracias a la implicación de las empresas locales en las obras de rehabilitación que se acometan.
La Junta, por su parte, acometerá la programación ordinaria de Rehabitare, que prevé invertir algo más de 10 millones de euros y rehabilitar más de 200 viviendas. Con la suma de este programa y el que surge de la implicación de las diputaciones la inversión superará los 14 millones de euros y las viviendas que se rehabilitarán serán unas 300.
Programa Rehabitare
El Programa Rehabitare se inició como plan piloto en Palencia en 2009, que actuó en 17 viviendas, de titularidad municipal, en 5 municipios con una inversión de 1,2 millones de euros, siendo suprimido por la crisis económica. Y en 2017 los convenios se amplían a otras instituciones, municipios y Obispados.
En la actualidad los convenios suscritos con ayuntamientos y obispados totalizan una inversión de la Junta en una legislatura superior a 11 millones de euros para la recuperación de 246 viviendas en el medio rural (225 de ayuntamientos y 21 de obispados)
3.000 viviendas de alquiler social esta legislatura en Castilla y León
Desde el inicio de la pasada legislatura el parque público de viviendas de alquiler social se ha incrementado en un 85,54%, pasando de 1.162 a 2.156 viviendas en la actualidad, de las cuales 1.623 son propiedad de la Junta de Castilla y León.
La Junta de Castilla y León seguirá trabajando para aumentar para facilitar el acceso la vivienda con el objetivo de llegar hasta las 3.000 en esta legislatura.
