"Es necesario potenciar el turismo rural y la mejora manera de hacerlo es esta norma que se publicó el 1 de marzo y que esperemos que clarifique mucho de los aspectos que antes quedaban en un vacío legal", ha indicado.
Mena ha destacado las ventajas de un marco normativo que, además de en Castilla y León, se ha implantado en el resto del territorio nacional a excepción de Cataluña. La principal es la homogeneización de criterios con la regulación de los alojamientos por categorías, divididas en casas rurales de alquiler, casas rurales de alojamiento compartido, centros de turismo rural y posadas, y ha señalado que se va a dotar de un tiempo determinado a los dueños para efectuar los cambios.
El Decreto surge de la necesidad de adaptación del actual marco normativo que regula los establecimientos de alojamiento de turismo rural a la Ley de Turismo de Castilla y León de 2010, que a su vez recoge los principios de la Directiva Europea en materia de servicios del mercado interior aprobada por el Parlamento de la UE en el año 2006.
Con el Decreto, la Junta de Castilla y León trata de garantizar la adecuada protección de los turistas y de los propios recursos turísticos de la Comunidad, no solo a través de la homogeneización de criterios para la baremación de los alojamientos sino también mediante el impulso de la modernización y mejora de los establecimientos de turismo rural, que representan un importante motor de la economía regional. No obstante, Castilla y León cuenta con 4.077 establecimientos de alojamiento de turismo rural, de los que 570 se encuentran en la provincia de Salamanca.
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