El pasado 30 de septiembre, el Juzgado de Instrucción 1 de Salamanca admitía a trámite la querella presentada meses atrás por el Partido Socialista en la que se acusaba al presidente de la Diputación Provincial, Javier Iglesias, y al diputado de Agricultura, Ganadería, Ferias y Mercado de Ganados, Jesús María Ortiz, de un presunto delito de prevaricación, malversación y tráfico de influencias en la contratación de personal para la organización y montaje de la Feria Agropecuaria en sus ediciones de 2011 y 2012.
Al respecto, el secretario provincial del Partido Socialista, Fernando Pablos, afirmó en su momento “que el Partido Popular quiere controlarlo todo para hacer lo que le dé la gana y no lo vamos a permitir”. De la misma manera, Pablos aseguró que no pediría dimisiones hasta que no haya imputaciones y explicó por qué el PSOE decidió presentar la querella, pues tuvieron conocimiento de cinco despidos de trabajadores de Agromaq “para contratar a cinco amigos del Partido Popular, algo impensable en un momento como ahora, con el problema de empelo que hay”. Al parecer, tres de estos despidos fueron declarados improcedentes y aún así continuó el proceso con la contratación de cinco personas allegadas al PP sin un concurso público de esos puestos de trabajo, añadió el dirigente socialista. “Salamanca no es del Partido Popular, hay muchos ciudadanos en contra. Las instituciones no son su cortijo particular”, añadió Fernando Pablos.
La oposición, este tiempo de atrás, consideró necesarias las explicaciones públicas por parte de los acusados. "Desde el máximo respeto a la presunción de inocencia, entendemos que, además de las correspondientes y obligadas explicaciones en sede judicial, dichas personas deben aparecer ante la opinión pública para dar explicaciones urgentes al conjunto de la ciudadanía", explicaba Izquierda Unida en en un comunicado.
Por otra parte, la formación de izquierdas añadía que la contratación pública "es una cuestión muy seria y que ha de ser ejecutada siempre con criterios de mérito, valor y capacidad y en este caso, de confirmarse los elementos que conocemos, se ha realizado sin ninguna de esas garantías y con prácticas que podrían calificarse como caciquiles y clientelares. En todo caso, queremos recordar que Javier Iglesias es nada más y nada menos que el presidente de la Diputación de Salamanca, el alcalde de Ciudad Rodrigo y el presidente provincial del Partido Popular. En este sentido, es obligado que ofrezca explicaciones creíbles y razonables a los hechos de los que se le acusa, por el bien de las instituciones que preside y por el respeto que merece a todos y cada uno de los ciudadanos".
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