El Grupo Socialista, en una larga batería de mociones y preguntas, que prolongaron un pleno que de por sí, vistos los puntos del orden del día, carecía de total interés, hizo de oposición y control al Grupo Popular con propuestas de interés para los municipios salmantinos y sus habitantes, en algunos casos.

Este fue el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles, moción presentada por Francisco Javier Rodríguez y que el Grupo Popular –con su mayoría absoluta- rechazó de plano en cuanto que cuestionaba el acuerdo del Gobierno Rajoy. Así, en su presentación, Rodríguez señaló que “ante las dificultades económicas de algunos Ayuntamientos, el Gobierno traslada de manera drástica a los ciudadanos el pago de la deuda sin buscar otras formulas que al menos permitan mitigar un impacto directo en las maltrechas economías familiares. La subida del tipo de gravamen del IBI supone de facto una inmisión del Estado en el ámbito de la autonomía local proclamado como principio en la organización estatal, según establece el art. 137 de la Constitución Española. La Ley de Bases de Régimen Local en su articulo 4º otorga a “las Administraciones Publicas de Carácter Local y dentro de la esfera de sus competencia, corresponden en todo caso a los Municipios, Provincias o Islas” entre otras “La potestad Tributaria y Financiera”.

Así mismo, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales enumera como recursos de las entidades locales “Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos…”. Se implanta en la práctica totalidad de los  municipios un gravamen más elevado sin haber efectuado ningún tipo de consulta a los Ayuntamientos o las Federaciones de municipios que representan su sentir mayoritario. En algunos municipios de la provincia la subida prevista en el Decreto para el presente año y el siguiente,  llega a suponer una subida del 50% del importe actual. La reclamación municipalista de un nuevo sistema de financiación ha sido desoída palmariamente por el gobierno, adoptando una medida totalmente unilateral”.

Por ello, el diputado socialista apuntó que “lesiona gravemente los intereses de los ciudadanos que ven como se incrementa su participación en el pago de los impuestos municipales. Que el citado Decreto Ley no contempla de forma individualizada la situación económica/financiera de cada entidad local, penalizando a los ciudadanos de aquellos ayuntamientos que han mantenido los criterios de estabilidad presupuestaria y reducción de déficit público que ahora se defienden desde el Gobierno de la Nación. Que no sólo es una medida injusta sino que contradice las propuestas electorales del partido del Gobierno en esta materia”.

Por todo lo cual el Grupo Socialista pedía instar al Gobierno de España para que modifique Real Decreto-ley 20/2011 y derogue el artículo 8 de dicha norma. Que aporte de manera directa a los municipios las cantidades  que estaba previsto recaudar con el aumento del tipo de gravamen del IBI. Que promueva un nuevo marco legislativo en el que aborde una financiación suficiente para los municipios, en la que se incluirá la participación de los mismos en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas”.

El PP basó su voto en contra, en palabras de la diputada Chavela de la Torre , en que “esta medida es temporal y transitoria”. Además defendió este impuesto que repercute en el bolsillo de los ciudadanos porque “debe paliar la carencia de financiación de los ayuntamientos”, y fue más allá al aducir que “hay que tomar medidas de este tipo”.

Mociones ante la Junta de Castilla y León, también rechazadas

Por su parte, el portavoz, Isidro Rodríguez, señaló en su moción a la Junta de Castilla y León, al asegurar que un Decreto aprobado por el Gobierno regional hace que “en la práctica durante varios meses de 2012 no se puedan realizar convocatorias de subvenciones para programas que habitualmente se realizan en la Comunidad Autónoma, en muchos casos a través de los ayuntamientos y mancomunidades. Así, la prórroga de los presupuestos deja en el aire para 2012 las convocatorias para el fomento del empleo, la formación profesional o el desarrollo económico de nuestros municipios, tales como: los programas ELCO y ELFEX para la contratación de trabajadores para obras de interés general y social; para la contratación de personas perceptoras de IMI y Discapacitados; para la contratación de trabajadores en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo; para el programa de Cualificación Profesional Inicial; para los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo, Mejora Profesional y Unidades de Promoción y Desarrollo; para la contratación de técnicos para orientación para el empleo y asistencia al autoempleo (OPEAS); para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local  ó, para los proyectos de Cooperación Transfronteriza.

Igualmente en el mejor de los casos, se retrasaran como mínimo hasta el 2º semestre, la resolución  de las subvenciones  para el Programa de Educación de Personas Adultas; para la contratación de Agentes de Igualdad; para el mantenimiento de: Escuelas Infantiles, Teatros Públicos, Escuelas de Música o Parques de Bomberos.. La ausencia de estas convocatorias en los plazos que habitualmente se realizan, perjudicará gravemente a las entidades locales de Castilla y León, así como a las personas que podrían beneficiarse de las mismas.

Además durante el pasado año, la Junta de Castilla y León ha adoptado decisiones que han perjudicado gravemente a los Ayuntamientos y Mancomunidades, como por ejemplo, la convocatoria de la subvención para la contratación de trabajadores en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo, que obligaba a contratar al personal subvencionable en unas fechas determinadas y  que después denegó las solicitudes por silencio administrativo, por lo que las entidades locales han tenido que sufragar el 100 % del coste. De la misma manera que ha perjudicado gravemente a la tesorería y la liquidez de las entidades locales, el retraso en la aportación de las cantidades subvencionadas por la Comunidad Autónoma. 

Por todo ello, el Grupo Socialista, insta a la Junta de Castilla y León a que con anterioridad al 31 de marzo de 2012,  apruebe y proceda a la publicación de las convocatorias de subvenciones destinadas a Ayuntamientos y Mancomunidades de la Comunidad Autónoma, con la inclusión en citada publicación de los plazos de resolución. Que en dichas convocatorias se adopten los acuerdos necesarios por parte de la Consejería de Hacienda para evitar que los Ayuntamientos y Mancomunidades beneficiarios de las mismas, tengan que adelantar las cantidades que en cada subvención deban ser aportadas por la Junta de Castilla y León.

El rechazo de la moción, en boca del portavoz popular, Carlos García Sierra, es que "no se debe gastar lo que no se tiene. Así como cumplir le objetivo de déficit público marcado por la UE", o que "en la política de gastos había que priorizar, porque si no podemos llegar donde llegábamos antes, habrá que definir prioridades".

"Escándalo provincial"

A vueltas con la falta de cobro de casi 20 millones de euros por parte de la Diputación a residentes, el Grupo Socialista puso el grito en el cielo, aduciendo por parte de la diputada Carmen García Romero, que "si esto no se explica en comisión y se realiza la investigación correspondiente será muy grave por la dejación de funciones de la Diputación". Ya que la diputada tildó de "verdadero escándalo provincial" este hecho, eso sí, publicado por el mismo Grupo Popular que deja en muy mal lugar a las Corporaciones anteriores, todas ellas del PP.

A este respecto el Grupo Popular tiene que explicar los ingresos de la Ley de Dependencia, por qué no han retenido a la gente propiedades o lo que marque la normativa y, finalmente, quién va a pagar ahora esas deudas, de los 407 residentes a los que se ha enviado una carta para que paguen, suponiendo que vivan, según anunció el diputado José María Sánchez Martín, delegado de Centros Asistenciales, quien demasiado bien salió del desaguisado en que se ha metido el área de Economía de la Diputación, así como Regtsa que es la encargada de realizar estos cobros y cuya vicepresidenta, presidenta in facto, es Chavela de la Torre, sustituita de Avelino Pérez -alguien que en estos momentos forma parte de los 'díscolos' del PP y fue 'todo' en el OAEDR, Economía y Regtsa en Corporaciones anteriores-.

El Grupo Popular 'no entra' a discutir la situación de Castro Enríquez

A preguntas del diputado socialista Antonio Luengo respecto a la situación actual de Castro Enríquez, el portavoz popular, García Sierra dijo que el asunto "iba a comisión". No obstante, Luengo se interesó sobre los "planes o ideas de futuro que tiene el Grupo Popular para la Finca Castro Enríquez", ya que, a entender de su Grupo, "la andadura en el tiempo indica desgraciadamente qeu Castro Enríquez ha dejado ser el centro de referencia que se prentendió en su fundación para convertirse en una mera explotación ganadera más de nuestra provincia".

"Gran parte de lo invertido en estos 23 años no ha servido para nada"

Otra de las preguntas la formuló el diputado por Vitigudino, José Francisco Bautista, respecto al desarrollo de la provincia -textualmente "la Diputación no está para cooperar al desarrollo"- unas declaraciones del presidente, que, Javier Iglesias matizó al señalar que "me refería al desarrollo internacional". Lo que di pie Baustista para hacer todo un negativo balance de actuaciones de la Diputación y la Junta de Castilla y León con la provincia de Salamanca y, más concretamente, con la comarca de Vitigudino, tales como la Cúpula del Agua, Vega Terrón, carreteras, circunvalaciones...  Que el portavoz popular García Sierra intentó desmontar haciendo hincapié en las competencias de la Diputación, "que son las que son", dijo.

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