El Partido Socialista de Salamanca considera ?grave? la destrucción documental que sigue al cierre de procedimientos de adjudicación de contratos. Una vez que estos finalizan, los datos aportados por las empresas que finalmente no son elegidas se ponen a disposición de estas para que los recojan. Una vez termina el plazo para hacerlo, se procede a su eliminación.
Entiende el PSOE que eso va contra la ley pues la documentación generada por las Diputaciones ?es patrimonio cultural y requiere la autorización de la Consejería de Cultura para poder ser eliminada además de publicarse en el Boletín Oficial de Castilla y León?. Infringir esa norma, matizaron, representa un delito que puede conllevar una pena de prisión de hasta 3 años.
Esa forma de actuar podría haber terminado, aventuraron, con información sensible relacionada con las presuntas irregularidades.
Al mismo tiempo, el PSOE volvió a reiterar sus quejas por no recibir de la Diputación el documento remitido por esta a la Fiscalía relativo a las presuntas irregularidades en el área de Fomento de las que en su día dio cuenta el propio presidente de la institución junto al vicepresidente García Sierra.
El portavoz socialista, Isidro Rodríguez Plaza, no precisó sin embargo, los próximos pasos a dar ni si estos llevaran a la formación a recurrir a la vía judicial pues aún se está valorando esa posibilidad.
Finalmente, los representantes provinciales del PSOE avanzaron que, a la querella presentada el pasado 15 de diciembre contra Carlos García Sierra y el antiguo director del área de Fomento, Manuel Borrego, por uso irregular de fondos públicos se unirán posiblemente otras dos más relativas tanto a los procedimientos negociados sin publicidad como a los procedimientos abiertos.
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