El medio rural en España supone el 90% de nuestro territorio e integra un 20% de la población. Un porcentaje que puede elevarse al 35% si se incluyen las zonas periurbanas. España es pues un país predominantemente rural, y no es posible realizar ninguna política de vertebración de Estado sin una atención singular a esta evidencia. Además, en este inmenso espacio, se encuentran la totalidad de nuestros recursos naturales y una gran parte significativa de nuestro patrimonio cultural. Ante la crisis, en la obligación de poner en valor nuestras capacidades, el medio rural es básico para una salida viable ambientalmente, y equilibrada en lo económico y en lo territorial.

Sin embargo, en los últimos meses, la perspectiva territorial y la atención singularizada por lo rural ha perdido protagonismo en la intención política de nuestro Gobierno. Algo que, sin paliativos, debe calificarse como un craso error, una profunda injusticia, y una notable falta de visión. De los 8116 municipios españoles, 7891 son rurales. Es difícil entender una organización eficiente de nuestro país si no tiene en cuenta esta singularidad. 

Los incendios de Valencia, Castellón, Murcia y Albacete han demostrado que en gran parte de nuestro país los bosques están abandonados, no se gestionan, ni se buscan argumentos económicos rentables que los haga fuertes frente al fuego. Lo que se ha quemado era literalmente una alfombra de pinos con densidades elevadísimas y abandonada a cualquier gestión. Era un agujero negro de todo, de actividad económica, de tejido social. En esa zona se iba a  desarrollar un modelo de aprovechamiento de biomasa con entes locales, algo que desgraciadamente se ha perdido.

Nuestro medio rural, y más en medio de la crisis, no puede ser entendido como el espacio de abastecimiento del territorio urbano, como un ámbito subsidiado y subsidiario, o como un marco de segunda categoría en la calidad de vida de los ciudadanos.  Se debe recordar que el notable salto económico experimentado en nuestro país durante las últimas décadas, con mejoras significativas en los niveles de renta y bienestar, no ha sido armónico entre el espacio rural y el espacio urbano. Todavía persiste un diferencial de atraso económico y social, debido a causas económicas, sociales y políticas que son evitables. Un diferencial que corre el riesgo de acentuarse con la crisis cuando, paradójicamente, el medio rural está sirviendo de refugio ante la crisis.

Es necesario impulsar políticas rurales que, sin despreciar la base agraria, ganadera y forestal, de los espacios rurales, sean superadoras de la visión sectorial, atiendan al territorio y a sus gentes en su conjunto, conformen un escenario de uso y  utilización sostenible de los recursos naturales, y aspiren a dar respuesta global a una propuesta de Estado y de futuro.

En estas razones se apoyaron las Cortes Generales para aprobar el 13 de diciembre del año 2007 la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural. Una norma que establece las bases de una política rural propia como política de Estado, plenamente adaptada a las condiciones económicas, sociales y ambientales propias del medio rural español, y llamada a complementar la aplicación de los instrumentos de las políticas comunitarias, en particular las políticas agrarias, así como las políticas sectoriales convencionales. Una norma que nació con la vocación de no sustituir nada, de no plantearse como alternativa de nada, sino, todo lo contrario, como instrumento para hacer más cosas, más coordinadas, y más superadoras de las orientaciones sectoriales.

La aplicación de la Ley a lo largo de estos últimos cuatro años ha permitido que, por primera vez en la historia de España, el Estado y todas las Comunidades Autónomas, junto con las Administraciones Locales, todos de común acuerdo, hayan podido materializar la voluntad de una política rural de Estado, basada en una acción coordinada y complementaria de las distintas administraciones públicas.

No es discutible que la aplicación de la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural se ha realizado desde la subsidiariedad, desde la participación, adaptada a las condiciones económicas, sociales y ambientales, complementaria a los instrumentos de las políticas europeas en materia de desarrollo rural. Nadie discute que ha sido un impulso para el protagonismo, la responsabilidad y el desarrollo de las zonas rurales.  La aplicación de la Ley ha permitido, entre otras cosas, ponerle cara a la realidad rural de nuestro país. 

La ley se desarrolla a través del Programa de Desarrollo Rural Sostenible. Dieciséis Comunidades Autónomas han convenido con el Ministerio de Agricultura, Alimentación, y  Medio Ambiente la aplicación de la Ley. Y todas han puesto en marcha el procedimiento laborioso de elaboración de los más de doscientos planes de zona. Un proceso basado en el reconocimiento de la realidad territorial, en el  respeto a las competencias, y,  sobre todo, en la amplia participación. Y esto se ha hecho con vocación de implicar a todos los puntos de vista. En cada zona, en cada comarca, en cada lugar han participado todas las instituciones, con independencia del color político, ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades; han participado todos los sectores, todas las organizaciones agrarias, los sindicatos.

No existen antecedentes de un plan de desarrollo en nuestro país, rural o urbano, con una mayor participación y consenso. A fecha de hoy, la Ley está entendida y asumida por el territorio rural, se dispone de un instrumento elaborado desde el consenso de todos los sectores y de todas las instituciones, y están elaborados los planes de zona correspondientes a la aplicación material del plan, el mayor esfuerzo de planificación con base territorial realizado nunca en España. Por tanto, tenemos la ley, tenemos el programa, tenemos los planes de zona y tenemos un mundo rural que necesita del apoyo de las administraciones con programas serios y rigurosos, como el que se aprueba con esta ley, que nos permitan ser ciudadanos más iguales en este país. 

Si los escenarios económicos, y las dificultades, obligan a establecer nuevos calendarios o cuadros de desarrollo financiero, que se haga sin problema desde el mismo consenso que presidió la elaboración de los planes, pero no perdamos la oportunidad de consolidar las capacidades de nuestros territorios rurales. Probablemente en ellos estén muchos de los argumentos para superar la crisis.

SOLICITA

Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo presenta para su aprobación por el Pleno Municipal los siguientes  ACUERDOS, instando al Gobierno de España a:

1.- Completar en el 2012 el proceso de rúbrica de convenios definitivos de colaboración con las CCAA, ya iniciado en La Rioja y Galicia, para la aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

2.- Asegurar el mantenimiento de las dotaciones básicas para la aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural en los próximos cinco años de vigencia de los planes de zona.

3.- Establecer un calendario de aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural y, en particular, para el primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible aprobado por RD 752/2009.

4.- Asegurar, en aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, la ejecución de la totalidad de las actuaciones y de los más de 50 convenios piloto de colaboración ya suscritos con la participación e implicación de los agentes locales y de la sociedad rural, de acuerdo con la programación establecida en los mismos.

Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios

Destacados
Lo más leído