La Audiencia Provincial ha estimado el recurso de la Fiscalía para reabrir el proceso judicial contra Javier Iglesias como presidente de la Diputación de Salamanca por la gestión del parque de Bomberos de Ciudad Rodrigo. Concretamente, al presidente de la Salina se le acusa de dos delitos, uno de prevaricación y otro de malversación por la contratación de bomberos no profesionales, en este caso, para el parque de Ciudad Rodrigo donde a partir de 2018 la Diputación hizo contrataos con la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ciudad Rodrigo. La impugnación del sobreseimiento se basa en la existenia de sentencias previas que exigían que el servicio se prestara por funcionarios de carrera y, no por una Asociación de Voluntarios cuyos integrantes percibían nómina como si de agentes de la autoridad se trataran. Según el documento emitido para la reapertura de la causa, esas resoluciones judiciales establecían que "las funciones no podrán ser ejercitadas por servicios externos, en régimen de gestión indirecta a través del uso de formas de contratación”.
Pese a ello, se dice en el auto que el presidente de la Diputación dictó con posterioridad a esas resoluciones hasta seis decretos en fechas denominados “contratos de emergencia” sin estar acreditada emergencia, y vulnerando lo dispuesto en el artículo 120.1 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. Se añade que, ante el reiterado incumplimiento de las resoluciones supra citadas, la Plataforma Profesional de Bomberos de Castilla y León, se vio obligada a promover un segundo Procedimiento-Contencioso Administrativo que dio lugar a un segundo Auto de Medidas Cautelares de fecha 24-5-2023 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Salamanca, paralizó el último de los decretos, el de 20/10/22. Medida Cautelar que fue ratificada por el TSJCYL por sentencia de fecha 3-11-2023. Se argumenta también, que esta actuación además de ser contraria a la legalidad vigente, supuso triplicar el coste del servicio para las arcas públicas y un enriquecimiento injusto de los voluntarios de esa asociación. Un documento que además recuerda que los convenios de colaboración con los Ayuntamientos tampoco se ajustan a la legalidad.
Fue la propia Fiscalía la que denunció estos hechos tras una denuncia de la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León. El proceso judicial concluyó con el archivo de la causa tras un auto del Juzgado n2 de Salamanca en la que aseguraba no encontrar los delitos denunciados. Sin embargo, ahora es la Audiencia Provincial de Salamanca la que estima el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal que permitirá que la denuncia siga con el proceso judicial.
En concreto, la denuncia se centraba en que las funciones de bomberos no pueden ser ejercitadas por servicios externos y gestión indirecta, algo que la Diputación hizo como contratos de emergencia con la asociación a pesar de “conocerse el contenido de las diversas resoluciones judiciales” contrarias a esta forma de gestión que se habían publicado previamente.
