El Pleno de la Diputación de Salamanca aprobó este lunes por unanimidad una moción conjunta de todos los grupos políticos en relación con la actual situación legal de la responsabilidad de las funciones de tesorería en los pequeños y medianos Ayuntamientos.
En ese sentido, solicitará al Gobierno que modifique la disposición transitoria de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para que se prorrogue hasta el 1 de enero de 2017 la posibilidad de que, cuando exista el impedimento de la prestación por parte de un funcionario con habilitación nacional del puesto de Tesorería y de forma justificada no sea posible prestar por los servicios provinciales o no exista funcionario municipal coordinado por la Diputación, pueda atribuirse esas funciones en tesorerías que se correspondan con secretarías a un funcionario suficientemente cualificado y, en entidades con puesto reservado para secretaría-intervención, las funciones reservadas a la tesorería a un miembro de la corporación (con la posibilidad en ambos puestos de introducir algún tipo de coordinación desde la Diputación provincial).
Con este acuerdo, que se alcanzará en otras muchas administraciones locales y provinciales de España, se pretende evitar gastos excesivos tanto para las entidades locales como para las propias Diputaciones que, en el caso de que no se produzca ese cambio legislativo, están obligadas a realizar un importante desembolso para contratar a tesoreros para los diferentes ayuntamientos de la provincia.
Mantener servicios municipales
El otro punto en el que coincidieron todos los grupos representados en la Diputación y en la línea del anterior fue el relativo a la propuesta del PSOE de pedir el mantenimiento de la totalidad de los servicios municipales en todas las localidades de la provincia, un aspecto en el que consideran necesario instar tanto a la Junta de Castilla y León como al Gobierno de España a que provean la financiación necesaria ante la atribución de competencias distintas a las propias o las que pudieran ser delegadas. De igual modo se pide al Ejecutivo regional que inicie ya el procedimiento de negociación de la financiación local y que lo haga al alza dadas las necesidades actuales de los municipios.
Expediente electrónico
El pleno también llegó a un acuerdo para dar los pasos necesarios de cara a la implantación del expediente electrónico y que en el último trimestre del año se establezca la hoja de ruta para su implantación en el 2016.
El objetivo es estandarizar los procedimientos administrativos en vigor, la normalización de formularios y trámites. Para ellos se exige la creación o adaptación de la plataforma y el software necesarios. ?Simplifica burocracia, aumenta transparencia y supone un ahorro de dinero público?, resaltó Gabriel de la Mora.
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