La propuesta de la formación magenta parte de la necesidad de fusionar municipios para hacer frente al micromunicipalismo que afecta a la región: de los 2.248 Ayuntamientos que existen en la Comunidad Autónoma, más de la mitad son menores de 500 habitantes y por su pequeño tamaño no pueden aplicar economías de escala ni hacer frente a sus obligaciones para con los ciudadanos, lo que las hace depender de otras entidades como diputaciones provinciales y mancomunidades.
Con municipios de mayor tamaño, competencias y financiación las instituciones intermedias -mancomunidades, diputaciones o consorcios- dejarían de ser necesarias, por lo que su coste estructural -el derivado de su propia existencia reflejado en los capítulos 1 y 2 de sus presupuestos- se podría reinvertir en los nuevos ayuntamientos. La aplicación de este modelo produciría un ahorro de 309,87 millones de euros al año. Cabe destacar que esta cantidad se ha calculado con criterios extremadamente prudentes, ya que no se han tenido en cuenta costes como por ejemplo los sueldos y dietas de los diputados provinciales, su personal de confianza o asignación a grupos políticos. La clarificación de competencias y una administración menos elefantiásica permitirían acercar las instituciones a los ciudadanos y evitar de ese modo prácticas clientelares y corruptas.
De cara a elaborar esta propuesta, se han tenido en cuenta las Áreas Básicas de Salud, los centros escolares, las infraestructuras y la realidad cultural y socioeconómica de los municipios fusionados. El tamaño medio de los municipios alcanza los 33.143,25 habitantes, siendo la capital vallisoletana el mayor de ellos (399.078 habitantes) y el menor el municipio soriano de San Pedro Manrique, que aglutinaría a 34 pueblos y que sólo contaría con 4.015 habitantes.
Número de concejales
El responsable territorial de Acción Institucional, José Miguel Mateos, destacó que el principal objetivo de este modelo “es asegurar los servicios básicos” y lamentó el desinterés del Gobierno regional por abordar la reestructuración del territorio. “La Junta de Castilla y León ha hecho en estos 30 años varios estudios sobre la Ordenación Territorial -explica- conocen el diagnóstico y no fusionan municipios por su elevado coste político”. Asimismo, Mateos recordó que este proyecto intenta abrir nuevas vías de debate y que está abierto a cambios y mejoras, “aunque se mantienen los principios de una fusión de municipios adecuada al siglo XXI y la eliminación de instituciones intermedias como Diputaciones, Mancomunidades y Consorcios, así como el respeto a la pluralidad política”.
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