El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Salamanca ha pasado la pelota, por cuestiones de competencia, al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sobre la cuestión de ilegalidad de la ordenanza fiscal reguladora del Ayuntamiento de Vitigudino del servicio de recogida domiciliaria de la basura o de residuos sólidos urbanos.
No obstante, en el fallo, como ha adelantado ya SALAMANCA 24 HORAS, apoya la estimación del planteamiento de la cuestión de ilegalidad, que ha sido pretendida por los vecinos contra las tasas municipales actuales de 52 euros anuales, "al no existir en el expediente administrativo una memoria o informe económico previo a la aprobación de la tasa, documentos esenciales en el proceso de elaboración y aprobación de este tributo".
De esta forma, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitigudino, José María Herrero, pide al equipo de Gobierno "dar un paso atrás", por lo menos, en el cobro de la tasa de los 52 euros anuales en el presente semestre —en una cuota residencial de 26 euros—, una vez constatado en sede judicial que "está mal hecha la tasa, sin estudio económico".
"Ahora está todavía más claro, como hemos estado defendiendo a lo largo de toda la legislatura, que la tasa legal, la que cuenta con todos los parabienes, es la de 39 euros anuales, que fue aprobada por el Partido Popular, por el alcalde Julio Santiago", destaca Herrero.
"Los socialistas, pese a que dijeron en las elecciones que no iban a subir los impuestos, mintieron, subieron la tasa de 39 a 52 euros, pero es que además el incremento se ha hecho, como ha recogido la Justicia, sin un informe económico", añade el portavoz del PP, antes de explicar que lo más "sensato" y también "lo más prudente, para no incumplir la sentencia, es cobrar, por lo tanto, los 39 euros, y esperar a que haya fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre la ilegalidad o no de la ordenanza fiscal reguladora".
En cualquier caso, Herrero destaca que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Salamanca es favorable a los vecinos, de forma que el Ayuntamiento tendría que devolverles, a los que han participado en la demanda, la diferencia entre los 39 a los 52 euros, una devolución que sería general, defiende, esto es, para todos los vecinos, cuando el Tribunal Superior de Justicia declare la ilegalidad, en su caso, de la ordenanza fiscal reguladora.
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