El Juzgado de lo Penal número 2 de Salamanca ha señalado para las mañanas de este martes, día 26, y del jueves, día 28 de marzo, el juicio contra una banda de rumanos especializada en robos en explotaciones agrícolas, que pudo ser desarticulada después de una importante investigación a escala nacional que comenzó tras ocurrir un relevante robo de cobre en el Canal de Babilafuente.
Pese a que la banda estaba conformada por seis miembros, dos de ellos se encuentran en rebeldía y paradero desconocido, por lo que se sentarán en el banquillo cuatro de ellos (P.C.S., T.P.U., M.T.S. y P.B.), en un juicio señalado en dos sesiones debido a que cuenta con 24 testigos y afectados por los robos. Los acusados se enfrentan a cinco años de prisión por un presunto delito continuado de robo; y a un año adicional más por pertenencia a grupo criminal.
La investigación que acabó con los arrestos de los acusados arrancó en enero de 2017 cuando se produjo el citado robo de cobre en explotaciones agrícolas del Canal de Babilafuente, en Villagonzalo de Tormes, Babilafuente o Huerta; así como la sustracción en la estación eléctrica de transformadores de la comunidad de regantes, en el que se produjeron cuatiosos daños a la instalación y el robo de cableado y de otros metales de elevado valor. Así, la Guardia Civil de Salamanca inició la Operación Tralek, para el descubrimiento de los autores.
Las pesquisas de los agentes determinaron que el supuesto grupo delictivo estaba asentado en el barrio de La Palmilla de Málaga y, además de hacerse con información sobre su modo de actuar, conocieron la participación de ellos en "multitud de hechos delictivos" cometidos en Andalucía a lo largo de 2017. El grupo criminal cometía presuntamente los robos con fuerza principalmente en naves y explotaciones agrícolas, estaciones y centros de trasformación eléctrica, centros oficiales municipales y en centros escolares.
Para ello, los miembros salían a delinquir generalmente en dos vehículos, uno que daba cobertura y seguridad, y el otro que materializaba los robos. Y, dependiendo del lugar abordado, sus miembros se apoderaban de combustible, material de cobre, herramientas de todo tipo, e incluso, en el caso de los centros escolares y oficiales, se llevaban os medios informáticos para enseñanza, sistemas de videograbación y proyección, equipos de sonido y el dinero que en cada centro se guardaba.
El escrito de calificación del Ministerio Fiscal atribuye a los acusasdos su participación en un total de 17 robos con fuerza cometidos en las provincias de Salamanca, Zamora, Cádiz, Sevilla, Granada, Jaén, Córdoba y Málaga.
