Desde la Fiscalía se ha ha apuntado que existen indicios suficientes para creer que ambos acusados son culpables y que, por tanto, son coautores de los delitos de robo y homicidio. El fiscal aceptó que el principal sospechoso es quien desde 2012 está cumpliendo condena, puesto que fue quien se registró en la pensión y a quien encontró pantalones con sangre de la víctima, pero considera que también el segundo acusado es autor de los hechos puesto que se sabe con certeza la presencia de este en la posada aquella noche y sobre todo porque, como testificaron los forenses, las lesiones y magulladuras que preentaba la víctima eran difícilimente realizadas por una sola persona.
Por otro lado, la defensa ha buscado la nulidad de las pruebas alegando que los registros de la propiedad del hermano del acusado, donde se encontraron las joyas robadas de la víctima, vulneraron los derechos constitucionales de intimidad personal. Además, mencionó que la policía tampoco siguieó el procedimiento habitual en el acceso a las llamadas del teléfono del hermano del acusado, vulnerando una vez más derechos constitucionales como el derecho de confesiones.
La defensa ha concluido alegando que su cliente es inocente, que se encontraba en la pensión la noche de los hechos pero que no participó en ninguno de los crímenes de los que se le acusa (Robo y homicidio). El último argumento del abogado defensor para proteger a su cliente defendía que a la víctima la mató una sóla persona, quien cumple condena por ello, y no recibió ayuda ni consentimiento de su protegido porque de haber sido así se hubiese encontrado sangre o heridas en el cuerpo de este.
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