La Audiencia Provincial ha acogido el juicio este martes contra un hombre, N.M.M., acusado de un delito de estafa y falsificación de firma con el que, presuntamente, se apropió de cerca de 61.000 euros en las obras de 24 viviendas de protección oficial en Serradilla del Arroyo entre los años 2005 y 2008.
En concreto, Ministerio Fiscal y acusación particular, ejercida por Caixabank, le piden dos años y seis meses de prisión tras rebajarla esta última desde los cinco iniciales al considerar que falsificó la firma del alcalde de la localidad por aquel entonces para desviar esa cantidad de dinero a una sociedad en la que tenía una amplia participación pero que no era a la que se habían adjudicado las obras.
Según lo declarado durante la vista, el Ayuntamiento adjudicó las obras al mejor postor a través de una sociedad en la que tenía la máxima participación, en torno al 90% pero en la que también se encontraban con un 5% un organismo autónomo y el acusado. Por ello, al ser una sociedad mancomunada, según declaró el exalcalde, los pagarés expedidos por la obra debían ser firmados por ambos y no reconoció parte de sus firmas, algo acreditado por un perito caligráfico, aunque tampoco pudo decir que fueran del acusado, según comentó la defensa.
De esta manera, el acusado negó que él hubiera falsificado la firma o que se hubiera apoderado del dinero. "Nunca en la vida he falsificado una firma", comentó, y anunció su insolvencia después de estos hechos. De hecho, entró en concurso de acreedores y acabó perdiendo todo, como reconoció. Según su versión, aunque el alcalde le comentó que se contaba con un crédito, este no llegó y tuvo que adelantar parte de su dinero, algo que realizó en varias ocasiones. Posteriormente, cuando se consiguió, se le fue abonando. "Estaba especialmente obsesionado de agradar al pueblo. Me creía todo pero ahora me siento engañado".
De hecho, comentó que no pudo llegar a terminar las obras, que se quedaron en torno al 80%, y que finalmente el Ayuntamiento contrató a otros constructores individuales para terminarlas. En la vista, también han comparecido otros testigos como concejales, de los que alguno luego también fue contratado para la instalación de calefacción o gas en las nuevas viviendas, que comentaron que nunca habían estado presentes en las firmas de estos pagarés, o los arquitectos, el superior y el técnico, que afirmaron que ellos cobraron todos sus honorarios, aunque lo hicieron por parte del Ayuntamiento, al que emitían sus facturas.
Ministerio Fiscal y acusación, de esta manera, anunciaron su petición de dos años y medio de prisión por entender probado que fue él el que cometió la estafa y falsificación de firma ya que, aunque no hay pruebas fehacientes de ello, es la única persona que se puede beneficiar. Además, la acusación también se refirió a un reconocimiento de deuda que se emitió en su día al acusado por parte del organismo autónomo que tenía también participación en la sociedad que adjudicó las obras del que dijo que se comentaba que se iba a abonar.
La defensa, por su parte, pide la libre absolución al comentar que no está probado que falsificara las firmas de los pagarés o se quedara con el dinero. "Es el cabeza de turco de este entramado. De hecho, consideró que no se dan ninguno de los elementos para que pueda ser una estafa, como la mala fe, ya que la mayoría de los pagarés emitidos sí se abonaron y solo fueron los tres últimos por los que se celebró el juicio. Además, subsidiariamente, en el caso de que fuera condenado, pidió la pena mínima y el atenuante recogido en el artículo 21 del Código Penal, que habla de "la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa".
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