La Policía Local de Salamanca ha identificado y denunciado a un vendedor de huevos y leche que comercializaba ilegalmente estos productos en domicilios particulares de Salamanca. La intervención tuvo lugar tras efectuar un último seguimiento y verificar la venta de estos productos en dos viviendas situadas en las calles Fray Junípero Serra y Jamaica. El vendedor es un hombre de 68 años, A.M.J., que distribuía esos productos alimenticios desde una granja de la localidad de Terradillos, propiedad de un familiar.

En concreto las cantidades incautadas son 20 litros de leche de vaca y 233 huevos de gallina, que estaban depositados en una furgoneta sin las medidas de refrigeración requeridas para el transporte de este tipo de alimentos. En la zona de carga del vehículo se encontraron dos cántaras metálicas y numerosas garrafas ya vacías, así como varios cartonajes de huevos. Antes de proceder a la intervención referida, la Policía Local verificó que se producía el intercambio monetario entre el vendedor y sus clientes. El litro de leche, que carecía de cualquier tipo de envasado, se vendía a treinta céntimos de euro. 

Los agentes de la Policía Local de Salamanca venían investigando estos hechos desde el pasado 28 de octubre, cuando detectaron los primeros indicios de la posible venta de leche a jarreo, actividad prohibida por la legislación vigente y las ordenanzas municipales. La venta de productos perecederos en la vía pública, fuera de establecimientos permanentes y sin las debidas condiciones higiénico-sanitarias, está por tanto expresamente prohibida. 

Los hechos descritos son constitutivos, en principio, de una falta administrativa contra la salud pública, de la que se derivarán las sanciones correspondientes por parte de la Administración Local. Además, la Jefatura de la Policía Local ha remitido el acta de incautación de las mercancías intervenidas -que han sido precintadas y depositadas en una cámara refrigerada- tanto a los Servicios Territoriales de Consumo de la Junta de Castilla y León como a la Fiscalía, por si los hechos pudieran considerarse como un delito contra la salud pública.     

 

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