Agentes de la Policía Nacional han destapado en Mataró (Barcelona) un fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal por más de 800.000 euros. Han sido detenidas 30 personas por los presuntos delitos de falsedad documental, estafa al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), contra la Seguridad Social, falsedad de documento público y favorecimiento de la Inmigración ilegal, según informa la Comisaría de Salamanca. Creaban empresas ficticias a nombre de personas insolventes a las que prometían de 2.000 a 3.000 euros que en la mayoría de los casos no llegaban a pagar. Contrataron a 685 supuestos trabajadores, cuyas cuotas de afiliación no eran abonadas, que entregaban el 50% de los subsidios por desempleo obtenidos fraudulentamente.
Las investigaciones se iniciaron cuando se conoció la existencia de un grupo organizado, compuesto por individuos de origen marroquí, que había creado una serie de empresas sin actividad a nombre de personas insolventes. Para utilizar su identidad, a los “testaferros” se les prometía una compensación de hasta 3.000 euros que normalmente nunca llegaban a recibir. La finalidad real de estas empresas era registrar continuos movimientos de altas y bajas de trabajadores, sin corresponderse con una actividad real y sin abonar las correspondientes cuotas a la Seguridad Social.
Rotación de trabajadores entre seis empresas
Tras las oportunas comprobaciones, los investigadores determinaron que un total de 6 sociedades constituidas por el grupo presentaban sucesivas altas y bajas de trabajadores, hasta un total de 685. De ellos 175 fueron rotando por las distintas empresas con el fin de estar el mayor tiempo posible dados de alta, para posteriormente solicitar prestaciones por subsidio de desempleo del Servicio Público de Empleo y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, obtener por primera vez el permiso de residencia o tramitar su renovación. Una vez reconocida la prestación, los beneficiarios debían entregar cada mes la mitad de lo recibido a la organización. El total de la cantidad defraudada entre las empresas mencionadas y los trabajadores que habían llegado a percibir subsidios supera los 800.000 euros.
La organización criminal ahora desarticulada estaba perfectamente organizada, su funcionamiento era jerarquizado y contaban con amplios conocimientos de los trámites y requisitos legales necesarios. El principal responsable era un ciudadano marroquí, respaldado por tres varones de su misma nacionalidad que se repartían las diferentes funciones. Así, unos se encargaban de la captación de personas para poner a su nombre las empresas, otros de reclutar potenciales trabajadores que se prestaran al fraude y otros a facilitar los correspondientes documentos falsificados para llevar a cabo los diferentes trámites administrativos.
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