El Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo reclama un régimen común para las universidades públicas y privadas y aplicar el principio de igualdad

El Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo reclama un régimen común para las universidades públicas y privadas y aplicar el principio de igualdad

Los más de 300 catedráticos de Derecho Administrativo reunidos en este encuentro están reflexionando sobre la cualificación del profesorado, la financiación y la autonomía universitaria

Ante el heterogéneo panorama universitario español -con 50 universidades públicas y 34 privadas-, los más de 300 expertos de Derecho Administrativo que participan en el XIII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA), que se celebra hoy y mañana en la Universidad de Salamanca con motivo del octavo centenario de su fundación, han reclamado que se establezca un régimen común para la universidad pública y privada, aunque luego se tengan en cuenta particularidades. Los profesores reunidos en el congreso han recordado que la actividad educativa no es nunca exclusivamente económica y debe responder a principios de igualdad.

La cualificación del profesorado en las universidades públicas y privadas, la financiación y procedencia de los recursos económicos y la autonomía universitaria han sido las principales cuestiones que se han salido a relucir en la primera ponencia del XIII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA), que se celebra hoy y mañana en la Universidad de Salamanca bajo el título ‘La Organización de la Universidad y la Ciencia’.

Tras dar la bienvenida el director del Congreso, el presidente de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, Fernando López Ramón, ha declarado que "el modelo del congreso es una universidad más abierta, que busca equilibrios entre los polos de tensión que se generan".

El rector Ricardo Rivero, por su parte, ha recordado que la Universidad de Salamanca "es un referente de tradición, pero también de modernidad y progreso". El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, ha calificado de "necesidad perentoria" la reforma del sistema universitario y ha declarado sentirse preocupado por la "infrafinanciación de la Universidad", pero ha pedido fijarse en las universidades de diferentes partes del mundo "que premian el talento y los resultados".

Después de esas intervenciones de la inauguración ha comenzado la primera sesión, que se ha desarrollado bajo el título, ‘La Universidad entre el servicio público y la iniciativa privada’. Marcos Vaquer, catedrático de la Universidad Carlos III, ha sido el primero en intervenir en la primera sesión, y su disertación ha versado sobre la autonomía universitaria, la creación de las universidades y la financiación. "Si sigue la senda descendente de la financiación universitaria, ¿hasta cuando podremos sostener la tesis de que la financiación es fundamentalmente presupuestaria?", se ha preguntado Vaquer, quien a continuación ha señalado que "si sigue esta tendencia habrá que empezar a competir en otros términos". En ese momento ha comenzado a abordar el asunto de autonomía porque ha recordado que las universidades públicas no tienen autonomía para fijar los precios de sus servicios "porque son las comunidades autónomas las que marcan esos precios".

Tras concluir el profesor Marcos Vaquer ha tomado la palabra Íñigo Sanz, catedrático de la Universidad de Valladolid. En su ponencia ha analizado el concepto de servicio público, que ha señalado que "no se limita a la enseñanza, sino también a la investigación y el estudio". "Es decir, legitima la dedicación de los profesores en materia de investigación", ha recalcado.

"Las universidades privadas no se crean, sino que se reconocen por ley", ha explicado Íñigo Sanz. El catedrático de la Universidad de Valladolid ha explicado que es en la cualificación del profesorado donde surgen más conflictos por las diferencias entre universidades públicas y privadas. "En las privadas solo les exige que los doctores sean, al menos, el 50%", ha afirmado. "Las privadas deben tener un 50% de doctores en su profesorado", ha explicado, para continuar diciendo que "en las universidades públicas se exige siempre acreditación del profesorado y en las privadas sólo se exige acreditación del 60% de ese 50% doctor mínimo". Íñigo Sanz ha calificado de "diferencia comprensible" ese desajuste "porque las privadas llevan poco tiempo y necesitan un tiempo para ajustarse, pero debe tenderse a igualar y establecer un sistema de acreditación básico y similar para los profesores de públicas y privadas". 

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