Coincidiendo con la celebración del ‘Día Internacional del Consumidor, este juueves 15 de marzo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia “el paulatino deterioro” de la Inspección de Consumo, y reclama a la Junta de Castilla y León que tome las medidas necesarias para acabar con la “dejación y desmantelamiento” de la Inspección de Consumo, servicio que es “fundamental” para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de Castilla y León”.
CSIF asegura que la Junta “está descabezando la dirección técnica del servicio en las provincias de la Comunidad” y lamenta la reducción de personal -inspectores y técnicos de procedimiento (ya no dependen de Consumo)-, y el empeoramiento progresivo de las condiciones laborales, que crean una sensación de fracaso profesional e impotencia en elpersonal de Consumo. Así, señalan que de una plantilla total de 55 inspectores que prevén las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) de las nueve provincias de la Comunidad, sólo hay operativos y activos 36.
En el caso de Salamanca, según el sindicato, de las dos plazas de técnico que ejercían funciones de instrucción de procedimiento administrativo sancionador, ya sólo queda una, la cual ha dejado de depender funcionalmente de la Sección, haciéndolo ahora directamente de la Jefatura del Servicio. Hay actualmente 5 inspectores en activo. En el año 2017 se contabilizaron más de 500 denuncias que llegaron a Consumo, y en 2018 se espera un incremento masivo a tenor de los datos que se tienen hoy. Existen en la provincia de Salamanca 3 OMIC, la de la capital, la de Ciudad Rodrigo y la de Béjar, que básicamente recepcionan quejas y las remiten a la Junta.
Según ha detallado la central sindical, el personal de Consumo de los servicios periféricos y el de servicios centrales de la Dirección General de Comercio y Consumo, ha remitido un escrito tanto al consejero de la Presidencia -competente en Función Pública-, como a la consejera de Economía y Hacienda -que ostenta las competencias de consumo-, reivindicando “que cese la marginación del personal de Consumo, respecto al resto de empleados públicos”.
CSIF informa de que han quedado libres las plazas del jefe de Sección de varias provincias, y exige garantías de que sean cubiertas por profesionales técnicos formados en materia de consumo. El sindicato recuerda que, en 1998, sin negociación alguna, la Junta quitó los méritos específicos en materia de consumo para acceder a esas plazas. “El resultado es que pueden ser ocupadas legítimamente por funcionarios, pero sin ninguna preparación o experiencia en materia de consumo”, añade CSIF.
Después de innumerables escritos dirigidos a la viceconsejería de Función Pública y a la Consejería de Economía y Hacienda, sobre “la insostenible situación de la Inspección de Consumo”, CSIF sigue sin obtener ninguna respuesta. “Parece que la Junta ignora, incluso, a sus propios órganos directivos, ya que tampoco ha tenido en cuenta los escritos presentados por los inspectores de consumo, y ni siquiera la propuesta de la Dirección General de Comercio y Consumo”, afirma el sindicato independiente.
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