Una jubilación anticipada “que no supondrá gastos a las cuentas públicas”

Manifestación de policías locales salmantinos en Madrid
Una jubilación anticipada “que no supondrá gastos a las cuentas públicas”


Desde los sindicatos insisten en que esta demanda que hacen los agentes de Policía Local es “razonable y conveniente”, ya que así se garantizaría mejor la seguridad a los ciudadanos y salvaguardaría, además, la integridad física y la salud de los agentes

Los agentes de Policía Local se concentrarán este viernes, a las 11 horas, frente a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca para reclamar que se apruebe el Decreto Ley que les permitiría acogerse a la jubilación anticipada a los 60 años.

Unas movilizaciones que tendrán lugar en toda Castilla y León de manera simultánea, y que trata de presionar al Ministerio de Hacienda para que de el visto bueno a un informe técnico favorable a la jubilación anticipada, algo que no ha hecho en los últimos seis meses.

El responsable de Seguridad de CSIF Castilla y León, Valentín Martínez, ha insistido en que no entienden el motivo de la paralización del expediente de la jubilación anticipada de la Policía Local en el Ministerio de Hacienda, porque “ni el Ministerio ni el Gobierno nos han dicho nada, ni han dado alguna justificación”.

Martínez ha remarcado, igualmente, que la aprobación del decreto de la jubilación anticipada de la Policía Local “cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos, incluido el del Gobierno”, así como la aceptación de la Federación Española de Municipios y Provincias, por lo que les resulta aún más raro el motivo de la paralización, que desconocen.

Una jubilación que “no supondrá gastos ni costes añadidos a las cuentas públicas”

Además, el responsable de Seguridad de CSIF Castilla y León ha explicado que “los ciudadanos tienen que saber que la aplicación de la jubilación anticipada a los policías locales no supondrá gastos y costes añadidos a las cuentas públicas” ya que, según detalla, “los pagos de la diferencia de las cotizaciones de la Seguridad Social, hasta los 65 años, las pagarán los ayuntamientos, siendo compensadas con la antigüedad y otros complementos de los agentes que se dejan de pagar, por jubilarse a los 60 años”.

En esa línea se ha movido la Plataforma por el Anticipo de la Edad de Jubilación. Los responsables de esta han insistido en que esta demanda de la jubilación anticipada de los policías locales es “razonable y conveniente”, ya que garantiza una mejor seguridad a los ciudadanos, y también salvaguarda la integridad física y la salud de los agentes locales.

Para ilustrarlo, pusieron el ejemplo de que un policía de 60 años “ya no está en las condiciones físicas, e incluso psicológicas, que exige la realización de ciertos servicios y tareas que tienen cierto riesgo”. Asimismo, la aplicación de la jubilación anticipada en la Policía Local supone una equiparación respecto a otras fuerzas de seguridad y otros servicios públicos, algo que se ha venido reclamando.

Además, la jubilación anticipada de los agentes locales supondrá un alivio para los Ayuntamientos, que no tendrán que pasar a una segunda actividad profesional alternativa a los policías locales, al llegar a los 60 años, cuando las entidades locales no cuentan con puestos de trabajo para atender ese requerimiento que recoge la ley, como han querido matizar.

El tiempo para que se ocupe una vacante es de año y medio

Valentín Martínez también ha querido advertir de los “graves perjuicios” que causa, a los ayuntamientos, el retraso de la aprobación de la jubilación anticipada de la Policía Local, indicando que el tiempo que se necesita para que un agente ocupe el puesto de una vacante “es de un año y medio aproximadamente, ya que la plaza no se puede convocar hasta que no quede vacía, y el nuevo agente que consiga la plaza aún necesita un tiempo de formación en la academia, antes de poder ejercer”.

Y es que la elevada edad media de los policías locales en Castilla y León es un hecho, puesto que existe un porcentaje altísimo que podrían acogerse a la jubilación anticipada, lo que podría colapsar los servicios de Policía Local “en el 80% de los ayuntamientos de la Comunidad”. 


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