Castilla y León cumple el objetivo de deuda en 2017

Castilla y León cumple el objetivo de deuda en 2017

Además, cierra el año como la octava comunidad más saneada, según los datos difundidos este miércoles por el Banco de España

La estadística del organismo regulador conocida este miércoles determina que la deuda de Castilla y León a 31 de diciembre de 2017 se situó en el 20,8 % de su PIB. Si bien este porcentaje es superior a la ratio del 19,8 % que le asignó el Consejo de Ministros en diciembre de 2016, previo informe favorable adoptado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la Comunidad ha cumplido el objetivo de deuda al registrar un incremento de su endeudamiento dentro de los límites fijados por las reglas de estabilidad presupuestaria, que vienen definidos por la financiación del déficit público autorizado y la devolución de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009.

En el boletín del Banco de España están incluidas las operaciones suscritas con cargo al Fondo de Facilidad Financiera (FFF) y las de ‘factoring’ sin recurso, es decir, la cesión a instituciones financieras de algunos créditos comerciales frente a las administraciones públicas.

Asimismo, se contabilizan los préstamos para proyectos de colaboración público-privada y los de carácter reembolsable formalizados por el Gobierno de la Comunidad para apoyar a las empresas. Ambos alcanzan un importe conjunto de 617,2 millones de euros.

Para cubrir las necesidades de financiación previstas en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2017, “la Junta ha combinado, una vez más, préstamos bilaterales con emisiones de deuda, que han aportado a las arcas autonómicas 1.023,8 y 553 millones de euros, respectivamente, a lo largo del pasado ejercicio”, han señalado. De esta forma, se avanza en la diversificación de la cartera desde el punto de vista de su estructura, donde los créditos con la banca representan el 71,5 % del volumen concertado y los títulos valor el 28,5 %.

El peso de estos formatos está calculado sobre el volumen del endeudamiento asignado a Castilla y León de acuerdo con la metodología del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), que asciende a 11.870 millones.

El saldo vivo de las empresas públicas pasa a computar a efectos SEC

Esta cifra implica que en el cuarto trimestre de 2017 la Comunidad elevó su pasivo en 179 millones con respecto al trimestre precedente, un incremento que obedece fundamentalmente a que por primera vez el Banco de España ha computado a efectos SEC la deuda de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).

Esta circunstancia explica también que al cierre del pasado año ya no figure ningún importe asignado a las empresas públicas que están adscritas a la Administración autonómica, puesto que en este epígrafe ya sólo se contabilizaba el correspondiente a este ente dependiente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Por lo tanto, el endeudamiento total de la Comunidad al finalizar 2017 se limita al evaluado exclusivamente por el Sistema Europeo de Cuentas, los 11.870 millones de euros referidos, que equivalen al 20,8 % del PIB. Se trata de la octava ratio más baja entre las autonomías, sólo mejorada por País Vasco, Madrid, Canarias, Navarra, Galicia, Asturias y La Rioja. Además, este porcentaje está 4 puntos por debajo de la media, que es del 24,8 %.

La comparativa con otros territorios pone de manifiesto que el pasivo de la Comunidad representa únicamente el 4,1 % del contabilizado por el conjunto del sector autonómico en España, que al término del pasado año ascendía a 288.105 millones de euros.

Si para este mismo análisis se tiene en cuenta la deuda global de las autonomías,291.855 millones, que es el resultado de sumar la computada por el SEC y la excluida por esta metodología, el peso del endeudamiento de Castilla y León sobre el total autonómico se reduce al 4 %.

Para finalizar, el examen del pasivo de la Comunidad en función de su titularidad pone de manifiesto que el 95,5 % corresponde a la Administración y el 4,5 % restante es responsabilidad de las universidades, empresas públicas y entes públicos de derecho privado. 

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