La secretaria de Bogajo, Villares de Yeltes y Retortillo renuncia a su puesto de trabajo

Fachada principal del Ayuntamiento de Retortillo
La secretaria de Bogajo, Villares de Yeltes y Retortillo renuncia a su puesto de trabajo

Es la cuarta persona que ocupa ese puesto en un año y abandona el mismo a pesar de las excelentes condiciones económicas con las que está remunerada la plaza, en torno a los 3.000 euros al mes

La agrupación de municipios Bogajo, Villares de Yeltes y Retortillo se ha quedado de nuevo sin Secretaria-Interventora. Esta es la cuarta persona en un año que ocupa ese puesto y abandona el mismo a pesar de las excelentes condiciones económicas con las que está remunerada la plaza, unos 3.000 euros al mes.

Tras meses sin haberse cubierto esa plaza en el mes de febrero se procedió al nombramiento de una funcionaria interina, que no ha aguantado dos meses en el puesto de trabajo ante las dificultades del desempeño de las funciones del mismo.

Uno de los problemas que ofrece el cargo puede ser la complicada tarea de administrar un ayuntamiento como el de Retortillo y todo el conflicto que tiene con el proyecto minero de la empresa Berkeley y todo el proceso de modificaciones y desvíos de las carreteras, como la comarcal SA-322, que no tenía la Licencia Urbanística correspondiente y cuyo expediente sancionador caducó.

La frustración de los habitantes de los pueblos afectados va en aumento, al verse perjudicados en el día a día de la gestión municipal por la deteriorada situación en la que se encuentra un ayuntamiento paralizado desde hace un año por la posibilidad de que se abra una mina de uranio en su término municipal. Situación que también sufren los vecinos de Villares de Yeltes o Bogajo sin que tengan nada que ver con la posibilidad de explotación de minas de uranio en la provincia. Un aspecto que ha denunciado Ganemos Salamanca y que espera que la Diputación solucione este conflicto.

“Esta situación excepcional requiere la toma de decisiones excepcionales por parte de las Administraciones competentes, Diputación de Salamanca y Junta de Castilla y León, que garantice el funcionamiento efectivo de los ayuntamientos afectados”, comentan.

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