La portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Congreso, María Jesús Moro, ha afirmado este martes en la Comisión de Justicia que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil "pretende agilizar y acortar el procedimiento de recuperación de la vivienda ocupada ilegalmente".
La salmantina ha reiterado ante la polémica por ello que "es una modificación de una Ley procesal que determina un instrumento, entre otros, de defensa de derechos constitucionales de carácter fundamental. Esta es una Proposición de Ley que pone de manifiesto cómo las fuerzas políticas si quieren construir, pueden construir siempre que no nos hagamos películas, como las que hemos oído a lo largo de la ponencia y hoy aquí”, ha afirmado María Jesús Moro.
En su opinión, “nos estamos acostumbrando demasiado en este país a defender a los que delinquen y a dejar de lado, e incluso a abandonar, a las víctimas, a los que son objeto de presión, acoso y delito”. Continuó defendiendo la idea al decir que "no estamos hablando del Código Penal ni de delito, estamos marcando un instrumento que ya existe en este momento en la Ley de Enjuiciamiento Civil para adaptarlo a supuestos que determinan la violación de derechos en materia de posesión de personas de distinto orden, de distintas capacidades económicas y que, sin embargo, se encuentran en una auténtica batalla para poder recuperar aquello que es suyo, que en muchas ocasiones, a diferencia de lo que se ha dicho, es lo poco que tienen o lo poco con lo que pueden subsistir”.
En este sentido, la dirigente del PP ha recordado que se ha dicho mucho en esta Comisión que “abusamos del Derecho Penal y, sin embargo, cuando apoyamos un instrumento civil, de recuperación rápida y ágil, se considera mal”.
“Es una Ley Procesal, no es una ley de la vivienda, tampoco es una ley de declaraciones y, por tanto, articulamos un mandato a todas las administraciones competentes para hacer realidad las preocupaciones por todo aquel que, en cualquiera de estos procedimientos se aprecie que está de vulnerabilidad económica o residencial”, ha aseverado Moro.
Así, la portavoz popular ha destacado que “hemos incorporado un instrumento más que no resuelve el problema de la ocupación ilegal pero, además de proteger a los poseedores de viviendas sirve para poder comunicar a los servicios sociales cualquier situación de vulnerabilidad que se aprecie para que las Administraciones competentes puedan adoptar las medidas adecuadas”.
Además, ha añadido que “es un instrumento más de carácter civil, que puede ser valioso, que no priva de garantías, ni de otros procedimientos para ir contra las mafias o contra los delincuentes”.
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