El pasado diciembre, el consejero de Educación, Fernando Rey, presentó el protocolo de actuación en los supuestos de posible acoso escolar y el de actuaciones en las agresiones al profesorado y al personal no docente. Este, aseguraba, serviría como base para el posterior diseño de un protocolo de actuación de lucha contra el ciberacoso.
Este protocolo se publicó en el Bocyl el 12 de diciembre de 2017 con un objetivo: “parar el acoso, apoyar a la víctima y reeducar al agresor”. Sin embargo, frases inespecíficas que hablan de “apoyo a la víctima”, refuerzo de “medidas para el uso adecuado de medios digitales en el ámbito escolar” o “pautas de autoprotección y seguimiento y coordinación” para el alumnado acosado, hacen que el sector de la educación y de asociaciones contra el acoso hayan planteado serias dudas sobre la utilidad de este protocolo.
La presidenta de la asociación Salmantina contra el Bullying y el Cyberbullying, Carmen Guillén, explica que el protocolo dice cómo hacer ciertas cosas “pero no dice cómo se van a hacer”. En un protocolo de este tipo, añade, es necesario proteger a la víctima para que su intimidad no se vea perjudicada pero es una explicación que no facilita el documento.
De hecho, con motivo de la celebración del Día Internacional Contra el Acoso Escolar, a finales de mayo –aún no hay fecha concreta- se celebrará ‘El protocolo de acoso escolar, a debate’, una charla en la que participarán profesores para debatir los aspectos que faltan en ese protocolo y los que se pueden mejorar.
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