El programa Rehabitare, que desarrolla la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, consiste en rehabilitar viviendas propiedad de los ayuntamientos que se encuentran en desuso y, posteriormente, ofrecerlas en régimen de alquiler social a personas con dificultades de acceso a la vivienda por razones económicas. Las viviendas se ubican por lo general en los cascos urbanos, lo que permite contar con todo tipo de servicios, optimizando así las infraestructuras existentes, evitando el deterioro del patrimonio municipal y mejorando la estética urbana.
Una vez rehabilitadas, las viviendas se incorporan al Parque Público de vivienda de Castilla y León para ofrecerlas en régimen de alquiler social. Son los ayuntamientos los que determinan el precio del alquiler, que no puede exceder de la tercera parte de los ingresos de la unidad familiar, así como las personas que ocuparán las viviendas en función de las necesidades de cada municipio, teniendo preferencia los colectivos de especial protección que figuran en la Ley del Derecho a la Vivienda de Castilla y León.
El convenio que se ha firmado esta mañana permitirá a la Junta de Castilla y León acondicionar seis viviendas en el entorno rural de la provincia de Salamanca, en las localidades de Cabrillas, Cantalapiedra, San Miguel de Valero, Sieteiglesias de Tormes, y Sorihuela. El presupuesto total de las rehabilitaciones es de 229.900 euros.
Estas seis viviendas se suman a las once que se rehabilitaron en la provincia de Salamanca en 2016 y 2017, en Barruecopardo, Beleña, Campillo de Azaba, Matilla de los Caños del Río, Muñoz, Morasverdes, Peralejos de Abajo, Sequeros, para lo cual se invirtieron 443.876 euros. En total, sumando los tres años, la Consejería destinará 673.776 euros a este programa en la provincia de Salamanca.
Asimismo, el consejero ha visitado esta mañana la vivienda rehabilitada con el programa Rehabitare en Morasverdes, cuyas obras han supuesto una inversión de 57.384 euros. Esta rehabilitación ha sido para un edificio de dos plantas con dos viviendas de acceso independientes desde la calle y las principales actuaciones han consistido en la restauración de la envolvente exterior del edificio y el acondicionamiento del interior de la vivienda con la reforma de la cocina, baño, revestimientos,...
Suárez-Quiñones ha defendido la continuidad del programa Rehabitare por su cuádruple efecto: soluciona problemas de acceso a la vivienda a las personas y familias más necesitadas, dinamiza la economía del medio rural dado que las obras recaen en empresas de la zona y proporcionan empleo local, embellece el patrimonio inmobiliario de los pueblos y contribuye de forma relevante a la fijación de población en el medio rural, “al que hay que dar actividad económica, servicios y confortabilidad”.
Asimismo, el consejero destacó la consolidación del Programa que, iniciado en el 2009 en Palencia, tras haber sido suspendido por razones presupuestarias en el año 2010, se reinstauró en 2016, y que ha permitido incorporar entre 2016 y 2017 un total de 105 viviendas al Parque Público de Alquiler Social -60 viviendas en 2016 y 39 viviendas en 2017, a las que se añaden las 4 viviendas cedidas por el Obispado de León-. La inversión global acumulada en los dos años en la Comunidad ascenderá aproximadamente a algo más de 4 millones de euros.
Parque Público de Vivienda
Rehabitare se inscribe en el Programa de Vivienda Social en Castilla y León, cuyas líneas maestras son fruto del Diálogo Social, que contempla el fomento del alquiler, las ayudas al alquiler para las familias y personas más necesitadas y del parque público de vivienda en alquiler como objetivos prioritarios.
El Parque Público de Vivienda en Alquiler de la Junta de Castilla y León dispone de más de 1.700 viviendas incorporadas de distintas procedencias: las propias de la Administración autonómica desocupadas y reservadas para colectivos en riesgo de exclusión social; otras cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb); las incluidas en este Programa Rehabitare; y las viviendas de protección pública propiedad de Somacyl que actualmente se ofrecen en régimen de alquiler con opción a compra.
La Junta de Castilla y León destinó en 2016 un total de 11,3 millones de euros a la convocatoria de ayudas al alquiler con especial apoyo a las rentas más bajas, triplicando el número de beneficiarios, que en 2016 alcanzó a 8.760 personas. En la convocatoria del pasado año, fruto del acuerdo alcanzado en el seno del Diálogo Social, esta cantidad se incrementó hasta los 14,6 millones de euros para 11.160 beneficiarios.
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