Con motivo de los Cursos de Especialización en Derecho y del VIII Centenario del Estudio salmantino, la Universidad de Salamanca ha celebrado, dentro del ‘Foro Internacional de Derechos Humanos’, una mesa redonda ‘El legado de la Escuela de Salamanca para el Derecho Internacional Contemporáneo’.
Esta ha sido moderada por el profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la USAL, Luis Norberto González, y en la que han participado el egresado de la USAL y exministro de Asuntos Exteriores de España, Marcelino Oreja, junto al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Jakob Kellenberger y el catedrático emérito de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, Celestino del Arenal, así como el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero.
Luis Norberto González detalló que con este acto académico se pretende “reivindicar el legado de la Escuela de Salamanca y la proyección de su pensamiento en el Derecho Internacional actual” así como en la protección de los Derechos Humanos.
Unos Derechos Humanos cuya garantía parece asegurada en el continente europeo, según ha explicado el catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Salamanca y exjefe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Martín y Pérez de Nanclares, también presente.
Y es que gracias a los tres niveles de justicia existentes en Europa (Tribunal Constitucional, Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos) se han desarrollado “instrumentos jurídicos suficientemente depurados como para mantener un estándar satisfactorio de protección de los derechos fundamentales”.
Sin embargo, Pérez de Nanclares cree que el Derecho Internacional todavía puede que tenga “alguna carencia” en la protección de derechos fundamentales “fuera de esos sistemas de protección sofisticada”.
“Ir hacia una política europea que se imponga a todos los estados miembro”
El catedrático emérito de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, Celestino del Arenal, opinó que por ello se debe “ir hacia una política europea de migración que se imponga a todos los estados miembro sin excepciones de ningún tipo”, y que esta sea sólida y eficaz además de “exigible” a todos los países.
Sería pues, a partir de dicha política europea de migración, la forma de alcanzar soluciones “en función de las distintas situaciones que caracterizan a los distintos inmigrantes o refugiados” que tratan de llegar a la Unión Europea. Y es que para el catedrático emérito no es una buena práctica que cada estado articule sus propias políticas “en función de intereses coyunturales, electorales o de otro tipo”.
La misma idea esgrimió Pérez de Nanclares, que insistió en que “el fenómeno de la inmigración y del asilo no admite soluciones nacionales”, además de que no sólo se debe crear esa política europea única, sino que se debe garantizar el cumplimiento de dicha política por todos los estados miembros.
“Los Derechos Humanos están bajo presión”
Jakob Kellenberger, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, lamentó además que “los Derechos Humanos están bajo presión” por diferentes motivos y razones. Y no sólo en el espacio Mediterráneo, sino en todo el mundo. Además, quiso resaltar la labor de Cruz Roja España, que siempre está “jugando un papel muy positivo” en las diferentes situaciones de migración.
Sin embargo, jurídica y políticamente, el problema es que “todavía no tiene (la Unión Europea) una política de asilo común bien consolidada”, sino que hay opiniones diferentes según los estados. Por ello, pidió “un esfuerzo” para solucionar ese problema.
Respecto al barco Aquarius, quiso reseñar que aceptar a esos migrantes ha sido “una decisión muy buena del presidente del Gobierno de España”, ya que había más de 600 personas “en condiciones muy malas” y que no sabían a dónde irían. Por ello, la decisión de Sánchez, además de ser “muy importante”, también “va más lejos”.
Pero Jakob Kellenberger espera que la situación actual de dichos migrantes se pueda solucionar en los 45 días que residirán en España, tiempo que le gustaría que fuese suficiente para “encontrar una solución europea a este tipo de problemas” que, además, aumentan la presión sobre la Unión Europea a la hora de desarrollar soluciones.
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