Suspendido por tercera vez el juicio por la apropiación de entradas del concierto de Sergio Dalma

Suspendido por tercera vez el juicio por la apropiación de entradas del concierto de Sergio Dalma

La incomparecencia de uno de los testigos más relevantes del caso, que debía trasladarse a Salamanca desde la provincia de Cádiz, en la que reside, ha motivado la cancelación. El juicio ha sido aplazado hasta septiembre

La celebración del juicio por la estafa del dinero de las entradas del concierto de Sergio Dalma que se canceló en 2016 se ha suspendido por tercera vez en la mañana de este jueves, 19 de julio, debido a la incomparecencia de un afectado, que debía trasladarse a Salamanca desde la provincia de Cádiz, en la que reside, y era uno de los testigos más relevantes del caso.  

Los dos varones acusados, I.M.F. y E.S.L., están acusados de un presunto delito de estafa, después de que, según recoge el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, organizaran en la ciudad un concierto de Sergio Dalma que debía celebrarse en noviembre de 2016 y, tras cancelarse, no devolvieran el dinero de las entradas. El juicio debía celebrarse el pasado mes de mayo, pero la necesidad de nombrar otro abogado para el principal acusado, que rechazó al que ya tenía, obligó a suspender la vista hasta este jueves.

El fiscal solicita tres años de prisión para I.M.F. —que es reincidente y está en la cárcel— y dos años y tres meses para E.S.L.. El montante económico de lo que presuntamente se apropiaron asciende a 12.000 euros y los afectados son unos 300.

El concierto debía celebrarse el 12 de noviembre de 2016 y la presunta estafa afectó a las personas que compraron sus entradas a través de internet. Las que adquirieron los tickets en los puntos de venta de la ciudad sí lograron la devolución del dinero. Por entonces, la oficina de management de Sergio Dalma lamentó la cancelación del concierto, señalando que todo se había debido a "causas absolutamente ajenas a su voluntad".

Los dos acusados, de 22 y 26 años, fueron detenidos en el mes de marzo de 2017 por la Policía Nacional. La investigación de los agentes permitió conocer que los organizadores utilizaron presuntamente diferentes argucias para poder comenzar la venta de las entradas, pero sin tener la intención real de llegar a celebrar el concierto.

Para dar credibilidad, efectuaron la inscripción de la entidad gestora en el registro de asociaciones como sociedad sin ánimo de lucro, formalizaron de forma irregular contratos con la representación del artista y con la gerencia del pabellón, aunque tanto unos como otros detectaron irregularidades que les llevaron a solicitar la cancelación del concierto. Las mismas fuentes policiales señalaron que la entidad gestora incluso llegó a firmar un contrato de alquiler de un local en el centro de Salamanca para simular mayor solvencia, utilizando como medio de pago para el alquiler dos pagarés sin fondos.

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