La provincia de Salamanca ha registrado un total de 49 denuncias presentadas en relación a los alojamientos turísticos en lo que va de año. Así, se desprende de los datos derivados del Plan de Inspección Turística de la Junta de Castilla y León. En total, de enero a agosto de 2018, se han abierto 19 expedientes sancionadores.
Según la Junta, en este tiempo se han realizado en la provincia 168 inspecciones, de las que 32 se han derivado de las denuncias que se han llevado a cabo y el resto, 136, de las declaraciones responsables presentadas.
En cuanto a los dos años anteriores, 2017 y 2016, se han efectuado en Salamanca un total de 362 inspecciones a alojamientos turísticos, de las que 187 se han producido a raíz de las denuncias recibidas y el resto,175, de las declaraciones responsables presentadas.
En estos dos años, según datos de la Junta, se han abierto 47 expedientes sancionadores en la provincia salmantina relacionados con alojamientos turísticos.
El importe de las sanciones varía en función de la gravedad de la infracción. Así, Así, las infracciones leves se castigan con multas de entre 100 y 900 euros, las graves entre los 901 y los 9.000 euros, y las muy graves van desde los 9.001 a los 60.000 euros.
Nuevo Plan de Inspección Turística
La Junta de Castilla y León está tramitando un nuevo Plan de Inspección Turística que abarque el periodo 2019-2022, con el objetivo de dar continuidad a las actuaciones derivadas del Plan de Inspección vigente.
Además del Plan de Inspección, que es el principal instrumento para alcanzar los objetivos del ‘Programa de medidas contra el intrusismo y la actividad clandestina en el sector turístico de Castilla y León’, como la aprobación de la normativa que regula los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico, aprobada en febrero de 2017.
Esta normativa es “totalmente insuficiente” y “laxa” para el sector hotelero de Salamanca, como ha explicado el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería, Alain Saldaña, quien apunta que “cualquiera tiene opción” de tener una vivienda de uso turístico “con una declaración de buenas intenciones en la Junta de Castilla y León”. “No tienen que hacer nada más, con lo cual, consideramos que eso no es suficiente” ha recalcado y subraya que es necesario “regular de una manera más profesional y ordenada el escenario de los apartamentos y viviendas turísticas”, ya que “lo que hay no es operativo”.
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